El gobernador Axel Kicillof negó que la provincia de Buenos Aires quiera crear una empresa estatal para vender granos. El mandatario se refirió a la polémica creada en torno del puerto de Quequén por esa supuesta iniciativa de su gobierno y remarcó que lo único que se busca, como se está venciendo la concesión, es que haya una “preferencia, pagando los servicios el Estado”, de uso del elevador “en beneficio para los productores”.
Kicillof se refirió, entre otros temas, a esta cuestión en una entrevista con Radio 10. Allí fue consultado sobre si el gobierno bonaerense quería crear una empresa provincial para comercializar granos, y Kicillof, en primer término, respondió: “No puesto así”.
El mandatario señaló que en Quequén hay un elevador de granos al cual se le está venciendo la concesión y tiene una forma de funcionamiento, como consorcio público-privado, que viene de los años noventa.
“Ahí se está venciendo el elevador de granos; se va a llamar a una nueva licitación, pero lo que se está planteando es que haya una posibilidad, que no tiene que ver con una empresa estatal, una preferencia, pagando los servicios el Estado, el gobierno, que pueda utilizar ese elevador”, expresó el gobernador.
Kicillof dijo que se está solicitando esa posibilidad “en beneficio para los productores”. Señaló que el pequeño productor es “el eslabón más débil de la cadena”, mientras “los intermediarios y la cadena comercial se quedan con los beneficios”. El gobernador anticipó, sin dar más precisiones, que se darán “más detalles” sobre el tema.
Quequén es un puerto por el cual pasan para la exportación unos siete millones de toneladas de granos y subproductos por año. Terminal Quequén SA es la empresa que ha gestionado el elevador exJunta Nacional de Granos durante 30 años de concesión. En la empresa confluyen desde entidades de productores y del sector comercial hasta exportadores y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
A comienzos de la semana pasada, sociedades rurales del sudeste bonaerense se hicieron eco de que la presidenta del directorio del puerto, Jimena López, que responde al mandatario, supuestamente transmitía la intención del gobernador de quedarse con un 30% de la operatoria del elevador. Enseguida surgieron versiones de que detrás de esto estaba el interés por crear una suerte de empresa estatal o junta provincial de granos.
El tema escaló y luego llegaron críticas tanto de la Mesa de Enlace bonaerense como de la misma Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
“Anticipándonos al vencimiento de la concesión y tomando el ejemplo de terminales colegas en otros puertos, que han prorrogado la vigencia mediante inversiones de capital, hace más de 4 años venimos ofreciendo a las autoridades locales y de la provincia de Buenos Aires inversiones por aproximadamente US$25 millones para modernizar y eficientizar la operatoria, a cambio de extender la concesión. Hasta el momento, solo hemos obtenido promesas incumplidas, dilaciones y tentativos llamados a licitación que nunca se concretan”, apuntó José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales porteña. La empresa viene preocupada porque no se puede comprometer a nuevas cargas dada la incertidumbre en torno de la concesión.
“Hoy nos encontramos con la concesión vencida y una prórroga a punto de expirar. La falta de definición concreta sobre el futuro de la Terminal por parte del Consorcio de Gestión, nos pone frente a la obligación de no poder ofrecer servicios de elevación para la auspiciosa cosecha fina que llegará a partir de diciembre”, precisó Martins.
En tanto, la Mesa de Enlace provincial había solicitado al gobernador desistir de cualquier idea intervencionista.
“La dilación en un nuevo llamado licitatorio por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el propósito de conformar una renovada ‘Junta Provincial de Granos’” es vista como una “intención de intervención con fines recaudatorios, sin atender las necesidades del sector productivo”.
