SANTIAGO, Chile.– El gobierno de derecha de José Antonio Kast frenó la regularización de 182.000 migrantes en Chile, impulsada por la anterior administración de izquierda de Gabriel Boric, y se prepara para presentar al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados.
Kast asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo, con la promesa de imponer “mano dura” contra la migración irregular. El mandatario asocia un incremento de la delincuencia con la llegada de indocumentados al país en los años recientes.
La decisión, confirmada este lunes por el Servicio Nacional de Migraciones, marca el inicio de una estrategia más restrictiva que coloca el control fronterizo y la expulsión de extranjeros en situación irregular en el centro de la agenda oficial.
Según informó el organismo, el gobierno saliente había dejado listo un decreto para regularizar a las personas que participaron en un proceso de empadronamiento de migrantes que ingresaron al país de forma irregular. Sin embargo, la nueva conducción descartó su implementación.
“No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, afirmó el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.
El funcionario justificó la decisión al señalar que unas 6000 personas incluidas en ese universo ya habrían cometido delitos. “Afortunadamente el decreto no se llevó a cabo”, sostuvo, al tiempo que defendió un enfoque más estricto en el control del ingreso y permanencia de extranjeros.
El Servicio de Migraciones también adelantó que intensificará las fiscalizaciones en lugares de trabajo donde se detecte una mayor presencia de extranjeros en situación irregular. No obstante, Sauerbaum aclaró que los operativos no tendrán un carácter persecutorio. “No será una caza de brujas”, aseguró, y explicó que el objetivo será más bien disuasivo, para fomentar el cumplimiento de la ley.
Las inspecciones se realizarán en todo el país, aunque el foco estará puesto en sectores como la construcción, la gastronomía y otros rubros donde se han detectado mayores irregularidades.
En contraste, el funcionario destacó el funcionamiento del sistema de visas del Mercosur en el ámbito agrícola, donde, según indicó, no se registran mayores inconvenientes y los trabajadores temporarios suelen regresar a sus países de origen tras las cosechas.
La medida se inscribe en un plan más amplio del nuevo gobierno, que busca revertir la política migratoria de los últimos años. Durante su campaña y en los primeros días de gestión, Kast prometió la expulsión de los cerca de 337.000 migrantes irregulares que, según cifras oficiales, residen en el país, en su mayoría provenientes de Venezuela.
Apenas cinco días después de asumir, el mandatario viajó a la norteña región de Arica, en la frontera con Perú, donde supervisó el inicio de obras para reforzar el control fronterizo. Allí puso en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más emblemáticas de su programa, que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad.
El proyecto incluye una zanja de tres metros de ancho y profundidad que se extenderá por unos 30 kilómetros en sectores críticos de la frontera con Bolivia, además de infraestructura eléctrica perimetral, drones de vigilancia y tecnología de detección. La dotación militar en la zona fue duplicada y se amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se concentra gran parte de los cruces clandestinos.
“Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán”, advirtió Kast durante su visita al Complejo Fronterizo de Chacalluta, principal paso hacia Perú. Frente a cuestionamientos sobre la efectividad de las obras, el presidente defendió el carácter integral del plan: “Algunos dirán que una zanja no detendrá todo. No, pero es parte de un sistema más amplio”, afirmó.
En tanto, el Ejecutivo anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley orientados a endurecer el marco legal. Uno de ellos busca sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular de migrantes, mientras que el otro pretende tipificar como delito el acceso ilegal al territorio chileno.
El endurecimiento de la política migratoria chilena, inspirado en modelos como los aplicados por Nayib Bukele y Donald Trump, abre un nuevo escenario en el país vecino y anticipa un debate político y social de alto voltaje sobre seguridad, derechos humanos e integración.
Agencias AFP y AP
