El expresidente brasileño Jair Bolsonaro desestimó el miércoles como vagas las acusaciones de que orquestó un intento de golpe para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral en 2022 y afirmó que los cargos son el resultado de un régimen autoritario que se inventa enemigos internos.
El fiscal general Paulo Gonet acusó el martes a Bolsonaro de idear un plan multifásico para mantenerse en el poder a pesar de su derrota ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo un supuesto plan para envenenar a Lula y asesinar al juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, un adversario del expresidente.
Lula dijo el miércoles que la etapa actual era “solo la acusación” y afirmó que Bolsonaro y las otras 33 personas que enfrentan cargos por conspirar para dar un golpe tendrían todo el derecho a defenderse.
Bolsonaro se pronunció en X e Instagram diciendo que “el truco de acusar a líderes de la oposición democrática de conspirar para dar golpes no es algo nuevo”.
“Cada régimen autoritario, en su ansia de poder, necesita inventarse enemigos internos para justificar la persecución, la censura y los arrestos arbitrarios”, expresó Bolsonaro. Comparó sus problemas legales con los que enfrentan los opositores en Venezuela, Cuba y Nicaragua, todos liderados por gobernantes de izquierda.
“El manual es familiar: fabrican acusaciones vagas, afirman estar preocupados por la democracia o la soberanía, y persiguen a los opositores, silencian voces disidentes y concentran el poder”, afirmó Bolsonaro.
Los cargos presentados contra Bolsonaro se basan en una investigación de la Policía Federal, concluida en noviembre. En ese informe de 884 páginas, la policía describió un esquema de múltiples pasos, sustentado por pruebas y testimonios, para mantener a Bolsonaro en el poder.
El plan incluía sembrar sistemáticamente desconfianza en el sistema electoral entre la población, redactar un decreto para dar al complot una apariencia de base legal, presionar a los altos mandos militares para que apoyaran el plan e incitar a un motín en la capital.
La negativa de los altos mandos militares a respaldar el golpe fue esencial para su fracaso, según la policía.
El informe del fiscal es importante “para distinguir entre la conducta individual y la de las Fuerzas Armadas”, declaró el Ministerio de Defensa de Brasil en un comunicado el miércoles, añadiendo que el ministro José Mucio Monteiro cree que los cargos son otro paso hacia la rendición de cuentas.
La reacción de Bolsonaro es parte de “una estrategia de juego político” para desacreditar el informe describiéndolo como persecución política, explicó Antônio José Teixeira Martins, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “Pero el hecho es que es una acusación muy basada en hechos y aspectos legales, tratados en detalle”.
Al responder a las preguntas de los periodistas sobre los cargos del martes, Lula indicó el miércoles que todos tienen derecho a la presunción de inocencia.
“Si demuestran que no intentaron un golpe, y si demuestran que no intentaron matar al presidente, al vicepresidente y al presidente del Tribunal Supremo Electoral, estarán libres”, afirmó Lula. “Si cuando los jueces juzguen llegan a la conclusión de que son culpables, tendrán que pagar por el crimen que cometieron”.
