interrogan a Marine Le Pen por malversación de fondos europeos

La diputada francesa y ex candidata presidencial de ultraderecha Marine Le Pen está siendo interrogada, por primera vez en el tribunal penal de Paris, en el juicio por malversación de fondos. Un delito que podría tener por condena la prohibición de diez años para ejercer cargos públicos, lo que sería devastador para sus ambiciones presidenciales.

Se espera que Marine Le Pen, la líder de la derecha populista francesa, culpe a la Unión Europea y alegue ser víctima de persecución, en su juicio por cargos de desviar casi 7 millones de euros de fondos europeos para pagar a partidos.

Por primera vez, la líder de RN es interrogada desde este lunes 14 de octubre por la tarde por el tribunal, en el proceso por sospechas de empleo ficticio de asistentes parlamentarios de RN, que ella impugna formalmente. Estará en el estrado durante tres días.

Está impaciente por explicarse y ya ha puesto en duda la «parcialidad» del tribunal. Durante la audiencia anterior, el miércoles, después de pisotear el primer banco de la sala durante el interrogatorio de uno de sus coacusados, pidió la palabra. Por «dos pequeñísimos comentarios», que se convirtieron en una demostración de quince minutos. Sobre la «mala fe» de la Fiscalía, y «este expediente», donde los correos electrónicos incriminatorios aparecen «treinta veces», a diferencia de los que benefician al partido. O para protestar que, hagamos lo que hagamos, “todo es sospechoso”. “¡Ya no sabemos defendernos!”, volvió a decir.

Le Pen, de 56 años, candidata presidencial pasada y futura, y diputada y árbitro en la Actual Asamblea Nacional de minorías, está utilizando una defensa política contra las acusaciones de que supervisó un fraude a largo plazo. Con ello permitió a su Reagrupación Nacional pagar al personal partidario con fondos asignados a los asistentes de los miembros del Parlamento Europeo.

Muchos de los supuestos asistentes pocas veces pisaron el Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo. Algunos nunca habían conocido a sus supuestos empleadores, según se ha sabido desde la apertura del juicio de Le Pen y otros 26 políticos y personal de Reagrupación.

El caso ha tardado ocho años en llegar a los tribunales y está haciendo poco ruido en Francia. Pero una condena podría incluir la prohibición de ejercer un cargo público durante una década. Eso resultaría desastroso para las ambiciones de Le Pen de llegar a la presidencia en 2027, en un momento en que ejerce influencia sobre el parlamento como líder del mayor partido único.

Con 125 diputados después de las elecciones anticipadas del verano del presidente Macron, Le Pen tiene el poder de derribar el frágil nuevo gobierno minoritario de Michel Barnier en cualquier momento.

La semana pasada, Le Pen acusó al juez presidente de ponerse del lado de la fiscalía. “Reagrupación Nacional, que se llamó Frente Nacional hasta 2018, fue objeto de ataques abusivos por parte de la unidad antifraude de la UE, Olaf, en 2015 debido a la hostilidad del establishment hacia sus doctrinas anti-UE”, afirma.

La investigación francesa siguió.

«Somos la bestia negra del Parlamento Europeo«, dijo Le Pen. «Les molesta la idea de que hay diputados al Parlamento Europeo que se oponen a la Unión Europea». Añadió que «educaría» a los jueces sobre la realidad política durante su tiempo en la corte el lunes.

Le Pen, que fue asesora jurídica del partido cuando lo dirigía su padre, Jean-Marie, sostiene que el personal trabajó legítimamente como asistentes parlamentarios porque las amplias funciones del partido forman parte de su trabajo.

“¿Para qué sirven los asistentes parlamentarios? Para hacer política”, dijo la semana pasada.

La fiscalía ha presentado pruebas de que los vínculos entre los supuestos asistentes y los eurodiputados a los que se les contrataba eran a menudo tenues.

El juez de instrucción concluyó que el partido dependía en gran medida del desvío de los 60.000 euros anuales de los salarios de los asistentes entre 2004 y 2016, un período en el partido lepenista estaba casi en quiebra.

La semana pasada, Thierry Légier, el guardaespaldas de Jean-Marie Le Pen, su hija y también Jordan Bardella, el presidente del Reagrupación Nacional, de 29 años, testificó que su trabajo mientras se desempeñaba como asistente de varios eurodiputados, era gestionar la seguridad del partido.

Los opositores de Le Pen argumentan que las afirmaciones de persecución de la extrema derecha se ven socavadas por el juicio este año a François Bayrou, un veterano centrista y aliado de Macron, por el mismo cargo que involucra el uso de los salarios de los asistentes de los eurodiputados para financiar su partido Movimiento Democrático.

Bayrou fue absuelto. Pero ocho de los otros acusados ​​fueron condenados y otros condenados a penas de prisión en suspenso. El juicio de Le Pen se prolongará hasta finales de noviembre y el veredicto se conocerá en Año Nuevo. Su padre, de 96 años, también fue acusado, pero fue eximido del juicio debido a su mala salud.