SANTA FE.- El futuro de Vicentin, sobre el final de 2024, sigue siendo un complicado esquema de posibilidades, ninguno decisivo ni definitivo. Desde que se confirmó que el grupo inversor Cima adquirió la deuda que la agroexportadora mantenía con bancos internacionales (con montos verificados por US$447.194.396,91) la atención se direccionó hacia la Corte Suprema de Justicia de esta provincia, que tiene que resolver si acepta o rechaza la homologación del acuerdo de la cerealera con sus acreedores.
Si acepta, algo que la gente que conduce Vicentin considera lo más conveniente, el futuro podría ser más claro. Pero si la Corte lo rechaza se abrirá el proceso de cramdown, donde interesados varios podrán presentar propuestas para el salvataje de la compañía. Vicentin, en tanto, le advirtió al máximo Tribunal de Justicia de Santa Fe que, de abrirse el cramdown, los contratos de fasón con Bunge-Viterra y ACA, que actualmente mantienen abierta las plantas procesadoras, quedarían en riesgo, lo que provocaría el cierre de esas instalaciones y el despido masivo de empleados.
“Es imposible saber si, con las jornadas de asueto y feriados que habrá de aquí hasta fin de año la Corte se pronuncia por un caso emblemático de la provincia. Si no lo hace, la resolución se trasladaría al primer trimestre del próximo año, teniendo en cuenta que en enero estará vigente la feria judicial de verano”, recordó a este diario una fuente cercana al máximo tribunal.
Tras la noticia de la intervención de Cima, el directorio de Vicentin emitió un comunicado en el que advierte que no dispone de recursos para sostener un proceso de cramdown. “Hemos agotado nuestra disponibilidad de caja para financiar el giro ordinario de la empresa”, señalaron. Por lo tanto, la compañía pidió a la Corte Suprema de Santa Fe que resuelva cuanto antes la homologación del acuerdo presentado en el concurso, advirtiendo que las dilaciones afectan gravemente su capacidad de operación y pago de sueldos.
Todo parece indicar, según diversas consultas, que el fallo está a un costado. Sucede que los miembros de la Corte provincial están esta semana siguiendo la decisión del gobernador, Maximiliano Pullaro, quien propuso a la Legislatura tres nombres para integrar el máximo tribunal desde el año próximo. Se trata de Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.
La preocupación también llegó a los legisladores que representan al norte santafecino. Recordaron que la incertidumbre derivada de la falta de definición judicial afecta a trabajadores, pero también a cientos de productores y acreedores que dependen económicamente de la firma. “La homologación del concurso traería consigo un alivio a esta situación y, a la vez, permitiría conservar un sector estratégico para el desarrollo económico de la provincia”, indicó el senador Orfilio Marcón, del departamento General Obligado, en cuya jurisdicción nació Vicentin.
En tanto, el fideicomiso de acreedores comerciales liderado por el Grupo Grassi trabaja silenciosamente. Fuentes cercanas aseguran que se están explorando acuerdos con grandes empresas extranjeras sin activos en la Argentina interesadas en ingresar al negocio agroexportador. Estas compañías, principalmente chinas, consideran que se trata de una oportunidad para aprovechar, teniendo en cuenta el prestigio del agro argentino y la posibilidad de asociarse con un grupo local para avanzar en sus objetivos comerciales.
Otro elemento que se valora es que los activos industriales de Vicentin, incluidos sus plantas de molienda en San Lorenzo, Ricardone y Timbúes (norte del Gran Rosario) son piezas clave para la exportación de granos y subproductos. La reactivación de estas instalaciones es fundamental para recuperar el flujo económico en la región.
En el ambiente agroexportador se evalúa como una curiosidad la decisión de los bancos acreedores de Vicentin que vendieron el gigantesco crédito a razón de once centavos por dólar, una décima parte de su valor de origen cuando Vicentin había ofrecido en la homologación pagar 25 centavos. El por qué de esta decisión es todavía un misterio, aunque muchos sospechan que el paso dado estaría en relación directa con lo que va a resolver la Corte de Santa Fe.
Por otra parte, Vicentin insistió que la empresa no dispone de los recursos financieros necesarios para afrontar una eventual etapa de cramdown. “Reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities [que pidió la inconstitucionalidad de la homologación del concurso]”, subrayó hace unos días en un comunicado.
