La Fiscalía de Brasil imputó este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 33 personas por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
El organismo presentó cargos «contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho», dijo en un comunicado.
«La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)», agregó.
Bolsonaro fue acusado principalmente de los delitos de «golpe de Estado», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «organización criminal armada», según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).
El ente acusador basó su decisión en «manuscritos, archivos digitales, planillas e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático».
«Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe en el que se barajaba incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez» de la corte suprema, detalló la PGR.
«El plan tuvo la anuencia del entonces presidente» Bolsonaro, agregó la fiscalía.
Una indagación de la Policía Federal concluyó que, en diciembre de 2022, la trama golpista se «abortó» por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.
Sin embargo, los acusados hicieron «un ultimo intento» el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, «incentivados» por el expresidente y sus colaboradores.
Bolsonaro, de 69 años, negó las acusaciones y se consideró un «perseguido» por la Justicia.
La acusación de la fiscalía quedó en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si inicia un proceso contra Bolsonaro por estos hechos.
Horas antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía este martes, el exmandatario dijo a periodistas en Brasilia que no tenía «ninguna preocupación» por la posibilidad de ser inculpado.
Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar la ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado.
La Corte Suprema ya condenó a cerca de 400 personas por ese ataque.