WASHINGTON.– Un gran jurado federal imputó este jueves a John Bolton, el exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump que se convirtió en uno de sus más duros críticos, tras una investigación sobre su manejo de material clasificado y sensible, según confirmaron a NBC News y The Washington Post fuentes con conocimiento del caso y registros judiciales.
Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que la acusación fue presentada bajo sello judicial por un jurado en Greenbelt, Maryland, y que aún no está claro cuántos cargos incluye. Fiscales de la oficina del fiscal federal de Maryland, que llevaron adelante la investigación, evitaron hacer comentarios tras abandonar el tribunal.
Consultado este jueves en la Casa Blanca, durante un anuncio sobre su plan para ampliar el acceso a los tratamientos de fecundación in vitro, Donald Trump reaccionó brevemente a la imputación de su exasesor y viejo rival interno: “Es un mal tipo”, dijo el presidente, sin ofrecer más comentarios.
El proceso convierte a Bolton, veterano diplomático y experto en seguridad nacional, en el tercer crítico habitual del presidente Trump en ser procesado en menos de un mes. En semanas recientes, jurados federales en Virginia han imputado al exdirector del FBI James Comey, por presunto falso testimonio ante el Congreso, y a la fiscal general de Nueva York Letitia James, en un caso de fraude bancario. Comey se declaró inocente y James negó los cargos.
A diferencia de esas causas, impulsadas por fiscales designados directamente por Trump y cuestionadas por funcionarios de carrera, la acusación contra Bolton fue obtenida bajo la conducción de Kelly O. Hayes, una fiscal veterana nombrada en febrero para dirigir la oficina de Maryland, con la presentación del caso a cargo de Tom Sullivan, jefe de la división de seguridad nacional de esa fiscalía.
Fuentes cercanas al Departamento de Justicia afirmaron que la evidencia contra Bolton sería más sólida que en los casos anteriores, pero reconocieron que la decisión de avanzar rápidamente con los cargos respondió también a presiones internas. Según estas versiones, altos funcionarios del Departamento presionaron para acusarlo cuanto antes, en momentos en que Trump intensifica su ofensiva contra sus críticos y exige acciones contra sus “enemigos políticos”.
El jefe de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, John Eisenberg, estuvo el miércoles en la Casa Blanca, según su agenda oficial. Su división participó directamente en la investigación, como ocurre en los casos vinculados a documentos clasificados.
El pasado 22 de agosto, agentes del FBI allanaron la vivienda de Bolton en Bethesda, Maryland, en el marco de esta pesquisa. En ese momento, un vocero del buró declaró a NBC News que se trataba de “actividades autorizadas por un tribunal” y aclaró que “no existía ninguna amenaza para la seguridad pública”.
Posteriormente, el director del FBI, Kash Patel, publicó en la red social X: “Nadie está por encima de la ley. Agentes del FBI en misión”.
De acuerdo con documentos judiciales, los investigadores incautaron computadoras, teléfonos y cientos de papeles, incluidos algunos en carpetas rotuladas “Trump I-IV” y otras marcadas como “secreto”, “confidencial” o “clasificado”.
El abogado de Bolton, Abbe Lowell, insistió en que su cliente no violó la ley y explicó que los materiales confiscados eran “los registros ordinarios de una carrera de 40 años al servicio del país”. Según señaló, los documentos con marcas de clasificación provenían de la época en que Bolton trabajaba en la administración de George W. Bush, y habían sido autorizados para su uso hace décadas.
Un affidávit del FBI revelado el mes pasado indica que los agentes sospechaban que Bolton podría haber violado la Ley de Espionaje al retirar documentos clasificados sin autorización cuando dejó el gobierno de Trump en 2019. Los investigadores creían que aún conservaba material sensible, en parte por información obtenida sobre un supuesto hackeo extranjero a su antigua cuenta de correo AOL.
Durante la primera presidencia de Trump, el Departamento de Justicia ya había investigado a Bolton por presuntamente divulgar material clasificado en su libro de 2020, The Room Where It Happened, que retrataba al entonces mandatario como un líder “errático” y “asombrosamente desinformado”. Esa causa fue cerrada en 2021 sin presentar cargos.
Paradójicamente, dos años después, el propio Trump fue imputado por retener ilegalmente documentos clasificados bajo el mismo estatuto que ahora se aplica a Bolton. Sin embargo, un juez federal en Florida desestimó el caso por supuestas irregularidades en el nombramiento del fiscal especial Jack Smith.
Agencias AP, Reuters y The Washington Post
