La organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Washington, advirtió al presidente Javier Milei que no debería nombrar a los jueces de la Corte Suprema por decreto y reiteró al Gobierno que sus candidatos al máximo tribunal deben tener “cualidades, experiencia, diversidad e integridad”.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, había afirmado a fin de noviembre que el Gobierno estaba considerando la posibilidad de nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez Ariel Lijo por decreto, ya que sus confirmaciones duermen en el Senado, donde la Casa Rosada no encuentra el consenso de dos tercios de votos necesarios.
“Al cumplirse un año de su gobierno, el presidente Milei debe demostrar que su gobierno respeta la independencia judicial siguiendo el proceso legislativo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
“En lugar de designar a sus actuales candidatos por decreto, el presidente Milei debería no minar a candidatos de la mayor integridad y trabajar con el Senado para que sean aprobados”, agregó.
En mayo, la organización había advertido su preocupación por los jueces designados, sobre todo por el polémico Lijo. «Argentina necesita fortalecer la independencia judicial, el estado de derecho y los esfuerzos para combatir la corrupción», había dicho entonces Goebertus.
Y había apuntado directamente: «El gobierno debe considerar cuidadosamente las preocupaciones planteadas sobre el juez Lijo y garantizar que todos los nominados a la Corte Suprema tengan la más alta integridad y calificaciones».
La organización de derechos humanos señala que Argentina ha ratificado tratados de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen asegurar la independencia e imparcialidad del poder judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que los jueces deben ser nombrados mediante un “adecuado proceso de nombramiento” que proteja su independencia, en particular frente a los poderes ejecutivo y legislativo, afirman.
En diciembre de 2015, el entonces presidente Mauricio Macri había anunciado también que cubriría dos vacantes en la Corte Suprema por decreto presidencial. Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y juristas criticaron también esa decisión. Sin embargo, los jueces nombrados por el entonces presidente Macri no asumieron el cargo hasta que obtuvieron los dos tercios de los votos requeridos en el Senado, seis meses después.
Tras las nominaciones de Lijo y García Mansilla en abril, «numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron formalmente su preocupación por el historial de Lijo como juez federal y por las posiciones de García Mansilla sobre derechos sexuales y reproductivos», señala Human Rights Watch.
La organización apunta que Lijo tiene cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura y que se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 sin ningún análisis. “Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción”, señaló.
Las organizaciones de la sociedad civil también han expresado su preocupación debido a que, si Lijo y García Mansilla son nombrados, no habría ninguna mujer en el tribunal. La Corte Suprema de Argentina es el único alto tribunal sin mujeres en América Latina, el Caribe y la Península Ibérica.
