El sábado 28 de marzo, mismo día en el que se oficializaban las listas, Horacio Rodríguez Larreta comentaba en los pasillos de un estudio de televisión la relevancia que iba a tener en la votación del próximo 18 de mayo cómo se iban a mostrar las caras de los candidatos porteños.
«Es una elección donde los que tengan mayor nivel de conocimiento en la opinión pública corren con ventaja, porque aparece su cara en primer lugar», resaltaba el ex jefe de Gobierno porteño.
No será el primer comicio de la Ciudad que se realizará mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, pero sí será novedosa, sin PASO de por medio, la enorme cantidad de listas que competirán en las legislativas locales, 17 en total, de las que saldrán los elegidos para ocupar 30 bancas en la Legislatura.
En ese contexto, en los últimos días se profundizaron las quejas y las críticas al formato de elección, que decide el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires (IGE), un ente autárquico que llamó a los apoderados de los partidos a una audiencia en la que escuchó sus reclamos y pedidos de modificaciones.
El sistema que se usa en la Ciudad tiene un costo previsto de US$ 22 millones para la contratación de los servicios de la empresa MSA, que incluye logística, notificaciones de autoridades, despliegue y repliegue de urnas, insumos, entre otros ítems más
Si bien abundan las quejas por plantear que el sistema favorece al PRO y a la candidatura que lidera Silvia Lospennato, Rodríguez Larreta fue, hasta ahora, el único que reclamó en la Justicia: el ex jefe de Gobierno presentó un recurso directo contra la resolución 29° del IGE, que dispuso que la visualización de las agrupaciones políticas sea aleatoria.
El referente de Volvamos Buenos Aires asegura que la medida contradice lo dispuesto en los artículos 115° y 116°, inciso 5, del Código Electoral de la ciudad, e hizo su planteo ante el organismo electoral que está a cargo de Roberto Requejo.
El pedido que planteó Claudio Romero, legislador larretista y uno de los apoderados del partido, es que se respete el orden de aparición de las agrupaciones políticas que se hizo en el sorteo público del 7 de abril y que tiene vinculación con la asignación de espacios de publicidad en la vía pública. Según dicen, Rodríguez Larreta quedó en primer puesto. Desde el IGE se sostienen que se usó el mismo criterio que en 2023. Promueven que el orden sea distinto en cada terminal de votación.
Romero y Diego García Vilas -también apoderado, dirigente de Confianza Pública, el sello de Graciela Ocaña aliado en el frente larretista- ya apelaron al Tribunal Electoral.
«El articulo 115 es claro», dijo García Vilas, en referencia a la norma que marca el orden de las candidaturas en las pantallas de las máquinas electorales. «Por eso nos presentamos ante la justicia electoral de la Ciudad. La norma establece que el orden de ubicación de las listas va por sorteo, se hizo el sorteo y la lista encabezada por Horacio salió primera. Después del resultado, de manera insólita la IGE estableció el orden aleatorio. No sólo no se cumple la normativa sino que también hace que sea imposible de controlar por todas las fuerzas políticas. Pedimos que se cumpla el orden del sorteo, tal como establece la ley», reclamó.
No sólo el nuevo armado de Rodríguez Larreta hizo planteos. También se escucharon quejas de La Libertad Avanza, de la Coalición Cívica y del peronismo porteño. El enojo es porque el artículo 1° de la resolución 30 del IGE plantea que cada agrupación política tendrá “plena discrecionalidad para definir la cantidad de candidatos” que hay que incluir en el casillero que está destinado a la fotografía.
Pueden usar uno solo, el primero de la lista, o adaptar en el mismo tamaño las caras de los tres primeros, por ejemplo. El PRO, con Lospennato, Hernán Lombardi y Laura Alonso como candidatos principales, es el que impulsa esa posibilidad.
En medio de esos reproches cruzados, la elección porteña, con Boleta Única Electrónica como sistema, cumplirá 10 años desde la primera vez que se implementó, en 2015. Estará a cargo de la única empresa oferente en la licitación: Grupo MSA, que de acuerdo a lo que publicó la IGE en el Boletín Oficial, cerró un contrato por casi US$ 22 millones.