hablan del envío de miles de efectivos

Con un mensaje en redes sociales, el ministro Luis Petri anunció este fin de semana el blindaje de las frontera norte de Argentina con Paraguay, en un trabajo conjunto con sus colegas vecinos contra el narcotráfico, el terrorismo, la inmigración ilegal, el contrabando y otros delitos. Lo hizo junto al titular de Defensa paraguayo, Oscar González, con quien firmó la «Declaración de Clorinda». En el marco del acuerdo, se habló del envío 10.000 efectivos de las fuerzas armadas.

El compromiso de ambos ministros, además, es el de poner en la zona «tecnología interoperable»: drones, sensores inteligentes con intercambio de información, hacer ejercicios y operaciones conjuntas combinadas. En la firma de la Declaración participaron los jefes del Estado Mayor Conjunto, por Argentina Xavier Isaac.

La reunión entre Petri y González (general retirado), en Clorinda, Formosa, tuvo lugar en medio del avance de la ministra Patricia Bullrich con la nueva doctrina de Seguridad del gobierno libertario y con el llamado Plan Güemes, que busca mayor control argentino frente a Bolivia y Brasil.

Bullrich, cuyas funciones se ampliaron al pasar el nombre del Ministerio de Seguridad de la Nación al de Seguridad Nacional la semana pasada, apoyó de hecho, la construcción de un alambrado de 200 metros que en el pueblo salteño de Aguas Blancas construirá un intendente para ordenar la migración ilegal con mercadería en una zona de alto contrabando.

Estos anuncios del Gobierno vienen a tono con las políticas internacionales del presidente estadounidense Donald Trump a nivel internacional e incluso las que tienen que ver con la doctrina de seguridad y las políticas migratorias.

“Garantizaremos la vida, la libertad, la paz y la independencia de nuestros pueblos”, señaló Petri, mientras en su equipo explicaron que el traslado de esos efectivos no será de manera conjunta, sino que esos 10.000 son los que estarán «disponibles de manera rotativa» en lo que consideró una una apuesta “histórica” enmarcada en el decreto 1.112 publicado el año pasado.

En vistas de que el Gobierno no había podido enviar una reforma de la ley de Seguridad interior para la coordinación de las Fuerzas Armadas con las de Seguridad en el combate al narcoterrorismo, por el decreto 1112 el Gobierno habilitó a que los militares participen de la custodia de zonas de frontera y también actúen en las infraestructuras consideradas “objetivos estratégicos”.

Podrán colaborar con las fuerzas federales de Seguridad, que son las que hoy tienen la misión de proteger instalaciones como aeropuertos, centrales nucleares, hidroeléctricas, yacimientos, de alta importancia para el Estado.

Esta cooperación militar argentino-paraguaya sigue con preocupación cualquier posible quiebre social en Bolivia a raíz de la pelea entre el actual presidente Luis Arce y el ex mandatario Evo Morales. Pero además, también trabaja sobre la presencia de la República Islámica de Irán en Bolivia, país con el que firmó inquietantes acuerdos de cooperación militar.

Bolivia inicialmente protestó contra el alambrado de 200 metros que levantarán en Salta, pero ahora dice querer cooperar.

La Declaración de Clorinda estipula el despliegue de militares a lo largo de los 1.600 kilómetros de frontera compartida por ambos países para combatir el narcotráfico y el contrabando.

El convenio dice que los crímenes transnacionales como el narco «suponen un peligro común» para Paraguay y Argentina. Las operaciones de vigilancia y control serán desplegadas en los puntos más vulnerables y tendrán como principal foco la ví­a fluvial.

Petri y González se esforzaron en aclarar que la operación «no será una militarización donde los ciudadanos pierden sus derechos».