En paralelo a la reanudación del tratamiento de Presupuesto en Diputados, y luego de que el oficialismo hiciera fracasar la sesión para reformar la ley de DNU a partir de la presión a los gobernadores, un grupo de mandatarios provinciales se reunió en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para consensuar una estrategia y unificar una serie de reclamos a la Casa Rosada.
La convocatoria tenía como consigna formal el desarrollo logístico del país, aunque estaba cantado que abordarían la negociación por el Presupuesto y las condiciones para explorar un acuerdo con el Gobierno para aprobar el proyecto, luego de la tregua que implicó que la oposición no limitara las facultades de Javier Milei para sostener los avales parlamentarios a los decretos.
El bonaerense Axel Kicillof, el chubutense Ignacio Torres y el fueguino Gustavo Melella se acercaron hasta las oficinas sobre la calle San Martín, a unas cuadras de la Casa Rosada. También asistió Jaime Alvarez, ministro santracruceño enviado por Claudio Vidal. Por zoom se conectaron el cordobés Martín Llaryora, el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto, el salteño Gustavo Sáenz y el jujeño Carlos Sadir.
Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco) y Hugo Passalacqua (Misiones) estuvieron representados por ministros. El llamado incluía a los 23 mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno porteño, sin distinciones partidarias, aunque el resto no participó.
Algunos alegaron compromisos, otros reconocieron en la intimidad que preferían evitar una reunión con exigencias en conjunto a la Casa Rosada sobre fondos para retomar obras paralizadas y distribución de recursos. “A algunos que tienen vínculo directo con el Gobierno no les conviene plantear una negociación en bloque”, explicaron.
Los cinco puntos
Los gobernadores de lo que era Juntos por el Cambio ya habían planteado un pedido de cinco puntos: el reparto entre las provincias del impuesto a los combustibles, de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos y del 1,9% de los fondos coparticipables que financiaban a la disuelta AFIP, el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas y las compensaciones del Pacto Fiscal de 2017, para equiparar las deudas entre la Nación y los distritos. Sobre esa base consensuaron con sus pares peronistas y de partidos provinciales.
“Estuvimos de acuerdo en pedir que se cumpla la ley, sin afectar el equilibrio fiscal. No nos metemos con el tema universidades ni vamos a hacer demagogia previsional. Planteamos algo coherente. No queremos imponer una política económica”, dijo a Clarín un mandatario de los considerados dialoguistas, aunque firme en el reclamo al Gobierno por las deudas y el freno de las transferencias: “El equilibrio fiscal sin pagarle a los acreedores es ficticio”.
“Analizamos varias cuestiones del Presupuesto 2025, con el foco en la descentralización de partidas específicas, como el Impuesto a los combustibles, para cubrir gastos en salud, educación y Justicia”, contó otro de los presentes.
Las exigencias formarán parte de la definición del debate por el Presupuesto. Luego de un freno de mano que había impuesto el oficialismo, el tratamiento se retomó este jueves en la comisión presidida por José Luis Espert, aunque no hubo dictamen. Los gobernadores mantuvieron comunicación con los diputados que les responden, para conocer si luego de la sesión caída el martes la Casa Rosada daba muestras de renovar la predisposición para acordar y avanzar con el proyecto.
Los mandatarios provinciales ya expresaron su intención de esta vez se sancione el Presupuesto, a diferencia del año pasado, para que queden asentadas las partidas de fondos para obras y distribución de recursos, en lugar de la dinámica discrecional con la que continuaría el Ejecutivo con una nueva prórroga del proyecto de 2023. “Nosotros tenemos voluntad de acompañar. Hay que ver ellos”, aseguró un gobernador de lo que era Juntos por el Cambio.
