En los despachos más importantes de la Casa Rosada ya se convencieron de que es casi imposible conseguir los dos tercios de votos necesarios para nombrar de manera permanente a sus candidatos para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, a los que el presidente Javier Milei nombró por decreto en comisión. Por eso y en medio de la inestabilidad cambiaria, a la espera del anuncio formal del acuerdo con el FMI, en Balcarce 50 se abrazan a la posibilidad de postergar la sesión especial convocada por Victoria Villarruel para este jueves.
Los aliados del oficialismo intentaron persuadir al Gobierno de la conveniencia de retirar los pliegos para evitar una dura derrota y que el ruido político siga retroalimentando aquellas del mercado por el futuro de la economía. El mismo consejo habían escuchado el Gobierno de parte de los alfiles legislativos de LLA.
Con ese objetivo, el jefe de bloque de senadores de la UCR, Eduardo Vischi, visitó a Santiago Caputo en su despacho. Participó del encuentro el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el funcionario más poderoso de la cartera que -solo en los papeles- conduce Mariano Cúneo Libarona, y que llevó hasta ahora las negociaciones con sectores de la oposición por los malogrados pliegos.
El asesor presidencial -que este martes sumó a María Ibarzábal en la estratégica secretaría de Legal y Técnica de Presidencia– le pidió tiempo al senador por Corrientes. En el Ejecutivo quieren evitar que la oposición baje los pliegos. Por eso la apuesta consiste en no dar quórum el jueves para seguir negociando.
En privado, en el Ejecutivo admiten que es casi imposible conseguir los dos tercios de los votos, pero no están dispuestos a retirar los pliegos ni a insistir con otros candidatos.
El delegado del gobernador Gustavo Valdés en el Senado planeaba llevar ese pedido a la reunión de bloque radical, que tenía previsto encabezar a última hora de la tarde por zoom.
Vischi ya prestó varios servicios a los intereses de la Rosada, como la firma en contra de la creación de la comisión investigadora por el caso $Libra.
La jugada del oficialismo se explica sobre todo para salvar el pliego de García Mansilla, el único de los jueces nombrados en comisión que pudo jurar como ministro de la Corte. Paradójicamente, semanas atrás, los operadores políticos del Gobierno consignaban que un revés al pliego de García Mansilla no pondría en peligro su lugar en la Corte hasta el próximo 28 de febrero.
Como informó Clarín, el Gobierno se abraza a la idea de que un sector de los senadores del PJ desista de presentarse, porque en el orden del día que envió Villarruel primero debería votarse el pliego de Lijo. El poder del juez de Comodoro Py inquieta a varios legisladores a los que le gustaría votar en contra del magistrado. Otros senadores del PJ querían votar a favor de Lijo, una decisión que evidencia la fractura interna del peronismo.
Entre los aliados del oficialismo no hay claridad sobre qué votos conseguiría el Gobierno para mantener con vida ambos pliegos. En la presidencia del Senado creen que más temprano que tarde se producirá una derrota inevitable, aunque el rol de los gobernadores podría dar vuelta la ecuación.
En ese sentido, el Ejecutivo sigue sin jugar la moneda de cambio -además de partidas presupuestarias- con las que pretende persuadir a amplios sectores de la oposición: los pliegos para llenar las vacantes de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, además del cargo de procurador y defensor del Pueblo, que el Ejecutivo debe proponer a la Cámara Alta.
El Gobierno aspira a ganar tiempo mientras termina de negociar el acuerdo con el FMI. Una derrota en el Senado en un tema tan sensible podría agitar aún más el escenario macroeconómico que obligó al Gobierno a vender US$ 1780 millones en marzo.
Guillermo Francos había explicitado que más allá de la decisión de la Cámara Alta, los jueces podrían continuar en sus cargos hasta finales de las sesiones ordinarias, aunque en rigor su nombramiento en comisión dura hasta febrero. “Si el Senado no termina de dar el acuerdo, el magistrado sigue en funciones hasta el 30 de noviembre y es legítimo. Sigue con la designación por decreto por parte del Presidente. Hasta el 30, ambos jueces están uno ya en su cargo (por Manuel García-Mansilla) y el otro puede estarlo en función de esto”, señalaron.
