La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió este jueves un aval tan importante como los amparos judiciales que frenaron los alcances del DNU 70/23 -luego reglamentado- que otorgaban un plazo para incluir a las sociedades anónimas deportivas en el estatuto que define al fútbol argentino. El respaldo conseguido no prohible las SAD, sino que excluye la posibilidad de imponerlas por fuera de la órbita de Viamonte 1366 .
«Corresponde a la AFA, sin intervención estatal alguna, decidir democráticamente si sus clubes afilados deben de retener la naturaleza jurídica de asociaciones civiles de manera obligatoria -como es el caso actual-, transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas u optar por un modelo diferente. Cualquier otra decisión al respecto que no proceda de los órganos de gobierno de la AFA en uso de su autonomía entraría en conflicto con los Estatutos», dice el párrafo más contudente que envió la FIFA y que desgrana en un documento de tres páginas.
Con la misma contundencia, la Conmebol ratifica esa postura en otro documento: «Resulta totalmente inconstitucional, arbitrario y contrario a los Derechos Humanos que una ley exija a la AFA la inclusión de un miembro que no cumple con sus parámetros y fines. Es igualmente inconstitucional, arbitrario compeler a esta asociación civil privada a cambiar sus estatutos sociales».
Las respuestas llegaron luego de que la AFA elevara consultas jurídicas tanto a a la FIFA y como a Conmebol. La asociación recibió la documentación respaldatoria que confirma la postura de rechazo al decreto y marca el tono que tendrá el tema en los próximos meses, ya que dada la contundencia de las respuestas, si se cristaliza el deseo del gobierno vía decreto, los clubes argentinos podrán ser castigados quedando afuera de las copas Sudamericana y Libertadores y la Scaloneta del próximo Mundial, Copa América o Finalissima.
Así se desprende del texto en que FIFA alude al «caso Kuwait», cuando en 2015 una nueva Ley del Deporte entró en conflicto con el artículo 19 de los Estatutos de la Federación con sede en Suiza e incumplió con lo dispuesto en el artículo 14 del mismo texto -ambos citados para el caso argentino-, y esa federación fue sancionada y ni sus clubes pudieron jugar copas internacionales ni la selección en sus competencias.
“Las federaciones miembros – y en este caso la AFA – deben gozar de la autonomía suficiente para determinar de manera libre y democrática la naturaleza jurídica de los clubes que participen en sus competiciones nacionales. La AFA, y solo la AFA, resulta, a la vista del marco jurídico de la FIFA, la única entidad competente para decidir, a través de sus órganos legítimos de gobierno asociativo, los aspectos relativos a la naturaleza jurídica de los clubes afiliados a la misma”, se lee uno de los párrafos del documento con membrete de la FIFA fechado el 2 de septiembre en Miami.
La entidad tardó casi un mes en contestar la consulta que llevó la firma del ex arquero de Platense y actual gerente de legales, Andrés Patón Urich. En tres páginas, la FIFA fundamenta su respaldo a la AFA en medio de la puja del Gobierno por establecer las sociedades anónimas, no contempladas en el estatuto del fútbol argentino y rechazadas por la mayoría de los clubes.
La opinión jurídica de la División Legal y de Cumplimento de la FIFA respecto al DNU del presidente Javier Milei fue argumentada en seis puntos. En el primero queda claro que la AFA y las otras 210 federaciones miembro tienen autonomía para «en base a sus normas y decisiones internas, establecer o no la naturaleza jurídica de sus clubes». Es decir, solo una federación puede decirlo y no un agente externo, como lo es un Gobierno.
También pasa revista de las posibilidades existentes que conviven en diferentes partes del mundo y cita unas líneas que se ajustan al modelo que impera en la AFA, una federación «que estatutariamente exige que (los clubes) adopten una naturaleza jurídica determinada de forma obligatoria», como en el fútbol argentino, que especifica que los clubes miembros deben constituirse como asociaciones civiles sin fines de lucro.
Si bien la FIFA admite no tener «competencia directa» para ofrecer un análisis de constitucionalidad o legalidad ordinaria respecto al Decreto 70/2023, en su tercer punto admite haber considerado «las medidas cautelares falladas por un tribunal nacional», en alusión tácita a los fallos de la Cámara Federal de San Martín y su ratificación por la Justicia Federal de Mercedes.
«Lo que si le corresponde a la FIFA como entidad que rige el futbol mundial es llevar a cabo un enjuiciamiento de compatibilidad del Decreto 70/2023 con las disposiciones contenidas en nuestros Estatutos y Reglamentos», dice en el punto cuatro, el más elocuente, que además cita al artículo 19 de los Estatutos de la FIFA: «Independencia de las federaciones miembro y sus órganos».
«Todas las federaciones miembro administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros», dice el artículo 19, que además se apoya en el 14 que tampoco deja lugar a interpretaciones: «Cada asociación miembro, entre ellas la AFA, debe administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos».
Tras las argumentaciones, el Director Legal y de Cumplimiento de la FIFA, Emilio Garcia Silvero, cierra el documento con un mensaje claro y un pedido de sostener el intercambio de documentación, según avance el Gobierno o existantan nuevos fallos judiciales.
También la Conmebol
La FIFA no fue la única entidad que se expidió, a pedido de la AFA, sobre el DNU que pretende incorporar SAD en cualquiera de las categorías del fútbol argentino.
Alejandro Dominguez, Gianni Infantino y Claudio Tapia. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian«A nuestro criterio establecer la obligación de incluir a los clubes que se transforman en SAD como miembros de la AFA constituye una flagrante intromisión y una injerencia arbitraria por parte del Estado, ya que despoja a una asociación civil privada de la facultad de decidir con autonomía acerca de su régimen de gobernanza, su gestión y sus intereses», dice el escrito de la Conmebol.
La carta, más escueta y fechada en Luque el 21 de agosto, lleva la firma de Monserrat Jimenez, directora jurídica de Conmebol, pero mejor conocida por los dirigentes de la AFA porque fue una de las «interventoras» que tras la muerte de Julio Grondona visitó la argentina para entrevistar directivos y luego disponer junto con la FIFA los cuatro nombres que comandaron el Comité de Normalización que presidió Armando Pérez y tuvo entre sus miembros a un, entonces, ignoto Pablo Toviggino.
«La injerencia mediante coacción de terceros, ajenos a la organización, en las decisiones o políticas es sencillamente la destrucción del principio de autonomía y corroe la naturaleza misma de la asociación», reclama el documento.
La iniciativa para incorporar SAD en el fútbol argentino -una zaga que comenzó Mauricio Macri como presidente de Boca a fines del siglo pasado y que 10 años atrás retomó la intervención de Armando Pérez-, tiene todas las cartas sobre la mesa para jugar su tercer capítulo.