Frente al avance de la agenda opositora en Diputados, el oficialismo buscará un éxito propio esta semana con el dictamen del proyecto que baja la de edad de imputabilidad.
El martes se reúne el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Niñez y Adolescencia con el objetivo de darle luz verde al despacho y que el tema quede listo para ser votado en el recinto.
Para conseguir las firmas, y posteriormente los votos en el recinto, el Gobierno debió hacer concesiones. Entre ellas aceptó que la edad de imputabilidad – que actualmente está fijada en los 16 años- baje hasta los 14 años y no a los 13, como planteaba el texto original enviado por los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sobre la mesa de discusión se pusieron en total 14 proyectos. Todos, excepto los presentados por las diputadas Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello, de Unión por la Patria, aceptaban bajar la edad actual. En esa bancada, el grueso se apone, aunque hay un sector ligado al massismo que tiene otra postura.
De hecho Ramiro Gutiérrez, quien integra el Frente Renovador, tiene un proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años y cuenta también con la firma de otros cinco legisladores massistas. «Desde 2014 que Sergio Massa plantea este tema», señalaron en ese entonces.
Sin embargo, ese grupo también fija diferencias respecto al financiamiento y a la falta de una ventana de tiempo para dar tiempo a construir los centros donde deberían alojarse los menores detenidos.
En el oficialismo esperan que al menos firmen un dictamen propio. Y que en el recinto acompañen la votación en general y se opongan en capítulos particulares. Quieren dividir al peronismo para garantizarse la media sanción.
La presidenta del plenario de comisiones, la bullrichista del PRO Laura Rodríguez Machado, mantiene bajo llaves el borrador final para evitar romper el equilibrio que alcanzó pero lo cierto es que habrá varios cambios.
«Hay un consenso inicial, con disidencias pero sí, se ha logrado avanzar en un consenso básico porque el oficialismo accedió a varias propuestas de cambio», confirmó una diputada opositora.
Los retoques fueron inevitables para destrabar el proyecto que venía discutiéndose desde mitad del año pasado sin conseguir avanzar. De hecho, llegaron a hacerse 7 reuniones en las que expusieron 26 especialistas en ese entonces.
En cuanto a los plazos de prisión, el Poder Ejecutivo fijaba un máximo de 20 años. Los demás plantean entre 10 y 15.
La mayoría de los proyectos plantean una aplicación amplia, a todos los delitos o a los de acción pública (la mayoría), aunque algunos fijan condiciones relacionadas con la escala penal. Por ejemplo, la radical Carla Carrizo plantea que se aplique entre 14 y 16 sólo si cometieron delitos cuya pena máxima fuera superior a 10 años. Es decir, delitos graves.
Todas las iniciativas proponen sanciones alternativas a la prisión que van desde amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducción o de acercamiento a determinadas personas, reparación de la víctima, monitoreo electrónico, entre otros.
El ejecutivo, por ejemplo, las planteaba puntualmente si se trata de penas que no superen los 6 años, si la victima no murió y si la persona no tiene registros de otros procesamientos firmes.
En cuanto a tipos de prisión también hay distintas opciones: fines de semana, domiciliaria, instituto abierto o cerrado. Todos coinciden en que el menor no puede estar detenido junto a mayores de 18 años.
Ya el hecho de obtener dictamen significaría un acierto para el Gobierno en medio de los avances que, como contó Clarín, la oposición quiere imponer con tres temas sensibles: la emergencia en discapacidad (que ya consiguió dictamen de comisión), la baja de retenciones (habrá una reunión el miércoles) y la extensión o creación de un sistema que reforme la moratoria previsional que el Gobierno dejó caer en marzo. Este último punto también tiene fecha de dictamen para el 13 de mayo.