El gobierno de Francia anunció un endurecimiento de las sanciones contra los llamados “pasajeros aéreos problemáticos”, en un contexto de creciente cantidad de incidentes a bordo. “El comportamiento disruptivo en los aviones es cada vez más común y resulta inaceptable”, advirtió el ministro de Transporte, Philippe Tabarot, al presentar un decreto —ya en vigor— que fija multas de hasta 10.000 euros —y 20.000 euros en caso de reincidencia— para quienes generen disturbios durante los vuelos.
“Ponen en peligro la seguridad del vuelo, incomodan a los pasajeros y complican el trabajo de las tripulaciones. Con la publicación del decreto del 7 de noviembre, ahora tenemos un marco para sancionar estas conductas de manera justa, proporcionada pero firme”, sentenció Tabarot en sus redes sociales. Así, Francia lanzó una ofensiva más severa contra los pasajeros conflictivos.
Las autoridades francesas alertaron que, en Europa, las agencias de aviación registran entre 200 y 500 incidentes mensuales, mientras que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) reportó en 2024 un incidente anormal cada 395 vuelos.
Con esos datos como respaldo, el Gobierno francés puso en marcha una base de datos específica para que las aerolíneas del país reporten comportamientos perjudiciales. Los informes serán analizados por la Autoridad de Aviación Civil Francesa, que podrá imponer multas administrativas de hasta 10.000 euros —o 20.000 si se repite la conducta— en los siguientes casos:
En situaciones más graves, se aclaró en el correspondiente decreto, se podrá resolver la prohibición de embarque de un pasajero por un periodo de hasta cuatro años. También se fijó un plazo de un mes para que los pasajeros involucrados presenten sus observaciones al Ministro de Aviación Civil. Estas disposiciones se aplican a los vuelos operados por transportistas aéreos titulares de una licencia de explotación expedida por Francia, se aclaró de manera oficial.
El funcionario Tabarot declaró al respecto de esta medida: “Este nuevo marco regulatorio envía un mensaje contundente: el comportamiento disruptivo ya no será tolerado y estará sujeto a sanciones administrativas efectivas”. A su vez, el ministro indicó que estas sanciones administrativas se suman a la posible persecución penal por las infracciones más graves, que pueden llegar a suponer hasta cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.
