Legisladores sudamericanos reforzaron una alianza agroindustrial con una agenda parlamentaria común en la que se destaca la lucha contra la reglamentación 1115/23 de la Unión Europea que indica que solo se pueden comercializar y exportar a ese bloque materias primas y productos si están libres de deforestación y degradación forestal. Entrará en vigor el próximo año.
Durante la Segunda Cumbre Sudamericana Agroglobal, que se realizó hoy en el Congreso, diputados y senadores de la región reafirmaron su compromiso en pos de una producción sostenible, innovación, seguridad alimentaria y el fortalecimiento del comercio regional. Además, la Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron una declaración conjunta para consolidar el Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano.
“Expresamos nuestra voluntad de trabajar coordinadamente para fortalecer al sector agroindustrial como motor de desarrollo económico, generación de empleo y arraigo territorial en nuestros países, considerando los principios y compromisos establecidos en la “Carta de Buenos Aires”, suscrita por los representantes de las instituciones agropecuarias de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay“, resaltaron. Entre los compromisos en la carta destacaron: seguridad alimentaria global, uso responsable de los recursos naturales, cooperación parlamentaria e innovación y digitalización.
Los legisladores buscarán ahora fomentar el intercambio de experiencias legislativas que promuevan la competitividad y el desarrollo del sector agropecuario, coordinar esfuerzos para la definición de prioridades legislativas comunes en áreas clave como la producción de alimentos, el comercio agrícola, la innovación tecnológica y la adaptación a los desafíos climáticos, generando valor agregado y arraigo en las comunidades, impulsar la adopción de tecnologías digitales y la innovación en el agro.
También garantizar el acceso a herramientas tecnológicas y financieras que permitan mejorar la productividad y el desarrollo del sector, fortalecer la interacción público-privada para generar marcos legislativos que articulen los intereses productivos y políticos, esto con consensos entre los actores del agro y la política.
Minutos antes del cierre, se acercó el diputado y presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien reafirmó su respaldo al sector agropecuario al reconocerlo como uno de los principales motores de la economía nacional y sudamericana. Valoró que el evento se llevara a cabo a pesar del luto nacional por el fallecimiento del Papa Francisco, lo cual —según sus palabras— evidencia el compromiso con la actividad que no solo genera empleo y crecimiento, sino que también sostiene el bienestar de millones de personas vinculadas directa o indirectamente a la producción agroindustrial.
Menem también compartió su vínculo personal con el agro como productor de suplementos alimenticios, destacó la conexión directa entre el trabajo rural, la innovación y la industria alimentaria. Manifestó su apoyo pleno a las políticas del actual gobierno orientadas a fortalecer el sector y alentó a que estos espacios sirvan para generar ideas y marcos legislativos que impulsen el desarrollo sostenible del campo.
En tanto, Tereza Cristina, senadora Federal y exministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, subrayó el papel clave del Congreso en la defensa del agro como política de Estado. Destacó la tarea del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), que definió como “el principal canal de articulación del sector agropecuario dentro del Parlamento”, y explicó que su trabajo está basado en escuchar y traducir las demandas del sector productivo, cooperativas, asociaciones y productores rurales. “Las decisiones políticas no pueden estar desconectadas de la realidad del campo”, afirmó y señaló que la FPA actúa también en instancias judiciales cuando es necesario frenar normas o interpretaciones contrarias a la producción.
Compartió su experiencia durante un contexto hostil en el Congreso brasileño, donde junto a otros legisladores enfrentaron intentos de reformas agrarias que, según describió, implicaban “sacar a quienes estaban produciendo”. Enfatizó que “la voluntad política” fue la diferencia y aseguró que los buenos ejemplos deben replicarse en la región. Resaltó también la función del Instituto Pensar Agro (IPA) como puente técnico entre el sector privado y el Congreso, ayudando a traducir necesidades reales en propuestas legislativas efectivas y consensuadas.
En materia ambiental, fue contundente: advirtió que el desarrollo sostenible solo es posible con reglas claras, sin trabajos innecesarios. “Tenemos que dejar entre el 20% y el 80% de nuestras propiedades como reserva legal”, recordó, señalando que Brasil ya posee una de las legislaciones forestales más estrictas del mundo. Cuestionó la demora en licencias ambientales —“nadie espera 11 años para invertir”— y remarcó que “donde hay pobreza, hay devastación”. Apuntó contra el actual gobierno brasileño por obstaculizar proyectos clave y recalcó: “No queremos precarizar el medio ambiente, queremos que nos ayude a conservar”.
Cristina criticó duramente la reglamentación europea 1115/2023 y dijo que esta “no es para ayudar a nadie, es para proteger a los productos europeos”. Defendió la exclusión del agro en el mercado de carbono hasta que existan “métricas que sirvan para nuestros sistemas de producción”, y advirtió sobre medidas que podrían afectar la exportación de carne.
