abián Orlando Peláez, el reconocido cirujano plástico sanjuanino, se ha convertido en el epicentro de un caso que destapa la cara más oscura de una supuesta vida de éxito. Hoy, el hombre que posaba sonriente en redes sociales mostrando procedimientos quirúrgicos y pilotando avionetas, está detenido bajo gravísimas acusaciones: trata de personas, abuso y secuestro. Detrás de la imagen impecable que proyectaba, se esconde un presunto criminal que habría sometido a una mujer a años de esclavitud y explotación sexual.
La denuncia estremece. La víctima, al límite de su resistencia, se lanzó desde el primer piso de un departamento en Palermo para escapar del infierno que vivía. Su testimonio es demoledor: asegura que Peláez la mantuvo drogada, retenida y vendida como mercancía. Años de manipulación y control, mientras el cirujano seguía operando en la Clínica Del Prado y construyendo su reputación en San Juan. ¿Cuántas cirugías y aplausos fueron financiados con el sufrimiento de una mujer sometida contra su voluntad?
La Justicia Federal, liderada por la jueza María Eugenia Capuchetti, deberá investigar no solo los hechos, sino también quiénes encubrieron o ignoraron las señales. ¿Cómo es posible que nadie haya visto nada? ¿Cuántos más callaron mientras Peláez, desde su posición de privilegio, presuntamente cometía estos actos atroces?
El caso no solo acusa a Peláez, sino que desnuda un sistema que permite que figuras públicas, protegidas por su estatus, se sientan intocables. Este no es un incidente aislado. Es el resultado de un entramado de poder, negligencia y complicidad que normaliza el abuso hasta que una víctima logra romper el silencio.
Hoy, Peláez no está en una sala de operaciones ni en una cabina de avión; está en una celda, enfrentando las consecuencias de lo que parece ser una doble vida marcada por el abuso de poder y el desprecio absoluto por la dignidad humana. Si la Justicia actúa con firmeza, este caso podría ser un ejemplo de que nadie, sin importar su título o posición, está por encima de la ley.
