MANILA, Filipinas (AP) — El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado el martes por la Policía en el aeropuerto internacional de Manila por orden de la Corte Penal Internacional, en relación con un caso de crímenes de lesa humanidad presentado en su contra, informó el gobierno filipino.
Duterte fue detenido tras llegar de Hong Kong por órdenes de la CPI, que estuvo investigando los asesinatos masivos ocurridos durante la letal campaña del exmandatario contra las drogas ilegales, indicó la oficina del presidente, Ferdinand Marcos, en un comunicado. “Al llegar, el fiscal general entregó la notificación de la CPI para una orden de arresto al expresidente por el crimen de lesa humanidad”, dijo el gobierno. “Ahora está bajo custodia de las autoridades”.
El inesperado arresto provocó un alboroto en el aeropuerto, donde abogados y asistentes de Duterte protestaron enérgicamente porque, al igual que a un médico y abogados, se les impidió acercarse a él una vez quedó bajo custodia policial. “Esto es una violación de su derecho constitucional”, dijo a los periodistas el senador Bong Go, un aliado cercano de Duterte.
La orden de detención enviada por la CPI a las autoridades filipinas, de la cual AP vio una copia, decía que “hay motivos razonables para creer que” el ataque a las víctimas “fue tanto generalizado como sistemático: el ataque tuvo lugar durante un período de varios años y miles de personas parecen haber sido asesinadas”.
El arresto de Duterte erra necesario “para asegurar su comparecencia ante la corte”, según la orden del 7 de marzo, añadiendo que se esperaba que el expresidente ignorara una citación judicial.
El texto indicaba que aunque Duterte ya no era presidente, “parece seguir ejerciendo un considerable poder”. “Consciente del riesgo resultante de interferencia con las investigaciones y la seguridad de los testigos y víctimas, la sala está convencida de que el arresto del señor Duterte es necesario”. No hubo comentarios inmediatos sobre el arresto de Duterte por parte de la corte o de la oficina del fiscal de la CPI.
El arresto y la caída de Duterte sorprendieron y llevaron a las lágrimas a las familias de las víctimas de sus sangrientas campañas contra la droga. “Este es un gran día, largamente esperado para la justicia”, dijo a The Associated Press Randy Delos Santos, el tío de un adolescente asesinado por la policía durante una operación antidroga en agosto de 2017 en la metrópoli de Manila.
“Ahora sentimos que la justicia está avanzando. Esperamos que los altos mandos de la policía y los cientos de agentes de policía que estuvieron involucrados en los asesinatos ilegales también sean puestos bajo custodia y castigados”, dijo Delos Santos. Tres de los agentes de policía que mataron a su sobrino, Kian delos Santos, fueron condenados en 2018 por el publicitado asesinato, lo que llevó a Duterte en ese momento a suspender temporalmente su brutal represión antidroga.
La condena fue una de al menos tres, hasta ahora, contra agentes de la ley involucrados en la campaña antidroga, un reflejo de las preocupaciones de las familias de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales de que no obtendrían justicia en Filipinas, por lo que decidieron buscar la ayuda de la CPI.
En un principio no estaba claro a dónde había llevado la Policía a Duterte y cuándo sería trasladado a Europa para ser entregado a la custodia de la CPI. El gobierno dijo que el exmandatario, de 79, años estaba en buen estado de salud.
La CPI abrió una investigación sobre los asesinatos relacionados con las drogas durante el gobierno de Duterte desde el 1 de noviembre de 2011 —cuando aún era alcalde de la ciudad sureña de Davao— hasta el 16 de marzo de 2019, ante la posibilidad de que sean delitos de lesa humanidad. Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, una medida que activistas por los derechos humanos consideran tenía el objetivo de evitarle rendir cuentas por los asesinatos.
El gobierno de Duterte intentó suspender la investigación del tribunal global a finales de 2021, argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, y alegando que la CPI —un tribunal de última instancia— no tenía jurisdicción.
En julio de 2023, jueces de apelaciones de la CPI dictaminaron que la investigación podía reanudarse y rechazaron las objeciones del gobierno de Duterte. La corte, con sede en La Haya, puede intervenir cuando los países no están dispuestos o son incapaces de procesar a los sospechosos de los crímenes internacionales más atroces, incluidos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien sucedió a Duterte en 2022 y se enfrascó en una amarga disputa política con el expresidente, decidió no reincorporarse al tribunal global. Sin embargo, el gobierno de Marcos declaró que cooperaría si la CPI le solicita a la Interpol que detenga a Duterte a través de una alerta roja, una solicitud para que las agencias policiales en todo el mundo localicen y arresten temporalmente a un sospechoso de un delito.
Información de AP
