La imparable llegada de inmigrantes a Europa sigue generando choques y divisiones entre los miembros de la Unión Europea. Y mientras los más duros proponen hasta campos de concentración para los recién llegados, otros prefieren abrir las fronteras.
Una forma de ocultar las divisiones sobre la gestión interna y la falta de herramientas para cambiar los flujos migratorios, algo fuera del alcance de los líderes europeos, es obviarlo y centrarse en la dimensión exterior del fenómeno, incluso con soluciones inviables.
Millones de personas entran cada año legalmente en la Unión Europea y apenas 300.000 de forma irregular, pero el debate político sobre el asunto hace muchos años que se alejó de las medidas reales.
Los ministros del Interior adelantaron este jueves en Luxemburgo el debate y los acuerdos de la cumbre europea de la próxima semana, que incluirá en sus conclusiones una llamada a aumentar la tasa de deportación de inmigrantes irregulares y de aquellos solicitantes de asilo que ven rechazada su solicitud.
Lo mismo que han pedido todas las cumbres que han hablado de inmigración en las últimas dos décadas, sin que la tasa de deportación cambie excesivamente de lo habitual. Aproximadamente un tercio de quienes reciben una orden de expulsión son realmente deportados. El resto se queda de forma irregular o termina yéndose por su cuenta.
El problema, si es que eso es un problema, es el mismo para España que para Italia, Francia, Alemania o cualquier otro país del bloque. Las deportaciones dependen de su voluntad de hacerlas, pero también de la voluntad de los países de origen de aceptar la devolución de sus nacionales.
Ninguna política europea, ni la de los palos ni la de las zanahorias, ha logrado nunca cambiar eso. El Pacto Europeo de Migración y Asilo es en muchos de sus aspectos una cáscara vacía precisamente porque depende de la voluntad de terceros países para ser aplicado.
Sólo ha conseguido endurecer las condiciones de asilo, pero con él apenas cambia la tasa real de deportaciones. Así, no consigue reducir el número de inmigrantes, sino aumentar el número de aquellos que se quedan en Europa de forma irregular.
Pactos vacíos
La retórica del documento de conclusiones de la cumbre, un texto supuestamente secreto hasta el final de las cumbres, pero de los que más se filtran en Bruselas, es similar a la de siempre. “El Consejo Europeo mantendrá una discusión estratégica en profundidad sobre migración en todas sus dimensiones”.
El punto 25 de las conclusiones dice que “el Consejo Europeo pide (es decir, los gobiernos se piden a sí mismos) intensificar la cooperación con los países de origen y de tránsito, a través de partenariados mutuamente beneficiosos, para hacer frente a la raíz de las causas y para luchar contra el tráfico (de personas) con la idea de prevenir salidas irregulares y pérdidas de vidas”.
El ejemplo es el acuerdo que Bruselas, Italia y los Países Bajos firmaron el año pasado con Túnez. A cambio de dinero, el régimen dictatorial tunecino bloquea la salida de migrantes. Eso es lo que la italiana Giorgia Meloni vende como un éxito de su política migratoria. Lo que hace en la práctica es desviar esos flujos a otras partes, como a Canarias, en España. Europa se tapa la cabeza para destaparse los pies. Y Túnez aprendió el juego y ya ha pedido más dinero en dos ocasiones.
Las conclusiones son similares a las de otras ocasiones. La Presidencia húngara del Consejo de la UE quiere añadir un debate sobre los centros exteriores de procesamiento de solicitantes de asilo. El “modelo Ruanda” británico, que nunca se puso en marcha.
Inmigrantes en el buque de rescate Ocean Viking, frente a las costas de Italia, en noviembre de 2022. Foto: AFP Italia ha firmado uno con Albania. Como explicaba este lunes una fuente diplomática, “es un debate sobre nada, porque ningún país tercero, excepto Ruanda, ha aceptado jamás solicitantes de asilo que ya estuvieran en Europa”.
La misma fuente asegura que el acuerdo entre Italia y Albania apenas alterará los números totales de solicitantes de asilo en Italia y que le sorprendería “que algún país de los Balcanes aceptara un chantaje similar”. Si es que algún día llega a ponerse en marcha, porque sigue siendo únicamente un papel.
Los ministros de Interior saben que llevarla a la práctica depende la voluntad de terceros países. Y, por supuesto, no se llamarán “campos de concentración de inmigrantes”, aunque sean cerrados y para inmigrantes, sino, en palabras de otro diplomático, “puntos de recogida antes del retorno al país de origen”.
En 2018 los líderes aprobaron que la Comisión Europea presentara planes para la creación de “plataformas regionales de desembarco”. El documento guarda el sueño de los justos en algún despacho de la Comisión Europea.
Esas ideas terminan chocando siempre con las leyes, porque el Derecho de la Unión Europea no es aplicable extraterritorialmente ni la Unión Europea tiene los medios de controlar lo que haga después el tercer país en cuestión con esos inmigrantes.
Otro diplomático, al tanto de los debates para preparar la cumbre, contaba ese jueves a Clarín que muchos gobiernos lo que están haciendo es simplemente cambiar el discurso: “Todos quieren parecer muy duros porque temen fugas de votos a la extrema derecha, pero no hay cambios en las políticas porque no hay herramientas para llevarlos a cabo”.