En una serie de operativos que dan cuenta del compromiso de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público por combatir el robo de metales no ferrosos, a través de la Policía de San Juan se ha logrado el secuestro de más de 10 toneladas de cobre y más de 1.300 kg de cableado de aluminio a lo largo del año 2024.
Estos esfuerzos se enmarcan dentro de una estrategia más amplia que incluye la implementación de la Ley 2437-J, sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia en 2022, la cual regula la tenencia, comercialización y transporte de metales no ferrosos.
La Ley 2437-J representa un avance significativo en la lucha contra el delito de robo de metales, que no solo afecta a la propiedad privada sino que también tiene repercusiones en sectores fundamentales de la economía provincial, como la electricidad, la telefonía y las conexiones de gas. La normativa establece un marco regulatorio que permite a las autoridades tener mayor control sobre la circulación de estos materiales, facilitando su prevención y persecución legal.
La responsabilidad de llevar a cabo este control recae en la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan, que opera bajo la Dirección Coordinación Judicial D-5. Esta unidad está encargada de reunir toda la información relevante relacionada con la tenencia y comercialización de metales no ferrosos y, en base a esto, promover las acciones policiales necesarias para intervenir efectivamente en estos ilícitos. El Oficial Principal José Nagle, a cargo de esta unidad, ha declarado que los resultados de los operativos han sido “muy positivos”, evidenciando la efectividad de las estrategias implementadas.
El secuestro de más de 10 toneladas de cobre y más de 1.300 kg de cableado de aluminio no solo constituye un éxito en términos numéricos, sino que también representa un impacto significativo en la seguridad y estabilidad económica. Estos metales, que a menudo son objeto de robo, se utilizan en la infraestructura que sustenta servicios básicos, por lo que su sustracción puede causar graves inconvenientes a los ciudadanos y a las empresas que dependen de ellos.