WASHINGTON.- Estados Unidos dio ayer nuevos pasos en su misión para estrechar el cerco sobre el régimen de Nicolás Maduro al reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela y con la aprobación parcial de un proyecto de ley comercial llamado Bolívar que ratifica sanciones contra el gobierno venezolano.
En un mensaje en la red social X, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó que “el pueblo venezolano se pronunció rotundamente el 28 de julio” y convirtió “a Edmundo González presidente electo”.
“La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, añadió, casi cuatro meses después de los comicios.
Estados Unidos ya había reconocido en agosto pasado que el opositor había obtenido mayor cantidad de votos que Maduro, pero no se había referido a él hasta ahora como presidente electo.
El canciller venezolano, Yván Gil, calificó a su par estadounidense de “ridículo”. ‘Del único lugar que no se vuelve es del ridículo’ reza el dicho popular”, reaccionó Gil en Telegram. “Blinken, enemigo confeso de Venezuela, insiste en volver a hacerlo”, añadió en referencia al reconocimiento que en Washington otorgó en 2019 al opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino tras una cuestionada primera reelección de Maduro en 2018.
Edmundo González, por su parte, se pronunció minutos después del mensaje de Blinken para agradecer el reconocimiento. “Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”, publicó en X.
Las elecciones de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador por la autoridad electoral para un tercer mandato, fueron ampliamente cuestionadas por la oposición y a nivel internacional por falta de transparencia y de verificación de los resultados. Ni entonces ni hasta ahora, más de tres meses después, el gobierno ha difundido las actas de resultados oficiales.
La oposición, por su parte, dijo tener en sus manos y difundió en agosto al menos un 84% de las actas de las mesas de votación que confirmarían la derrota del oficialismo.
Desde que Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, un cuerpo colegiado de mayoría oficialista, el mandatario y sus aliados han desafiado las peticiones de Estados Unidos, de la Unión Europea e incluso los esfuerzos de aliados de izquierda como Brasil y Colombia para que publique las actas de votación.
Observadores internacionales cuestionaron la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral y del Tribunal Supremo, que avaló el resultado luego de realizar un peritaje formal solicitado por Maduro.
En Estados Unidos, país muy polarizado políticamente, plantar cara a Maduro es uno de los pocos asuntos en los que demócratas y republicanos están de acuerdo.
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
Caracas reaccionó con un comunicado sulfuroso en el que lo califica de “ataque criminal”.
”De manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal”, escribió el ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el gobierno venezolano, este instrumento está destinado a impedir la cooperación económica entre ambos países y viola la Carta de la ONU “sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales” impuestas a Caracas.
En respuesta, este miércoles la Asamblea Nacional con mayoría chavista planea sancionar una normativa que contempla la “inhabilitación perpetua” contra dirigentes políticos que apoyen dichas medidas de Estados Unidos.
Uno de los impulsores del proyecto de ley es el republicano Mike Waltz, un halcón elegido por el presidente electo estadounidense, el republicano Donald Trump, como futuro asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, afirmó en un comunicado.
“Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores”, añadió el congresista republicano.
La otra promotora de la ley, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, coincide en la necesidad de presionar al régimen para estar “comprometidos con el pueblo venezolano”.
Esta congresista ya impulsó con colegas republicanos otros dos proyectos de ley presentados en la cámara baja del Congreso. Por un lado la ley Revocar, con el objetivo de rescindir licencias concedidas a varias petroleras para operar en Venezuela, y por otro la ley Valor que, entre otras cosas, reafirma las sanciones financieras al Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela, y a las criptomonedas venezolanas y bloquea la asistencia exterior a cualquier país que ayude a Maduro.
La industria petrolera de Venezuela está bajo sanciones desde 2019 pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.
La victoria electoral de Trump amaga con endurecer la posición de Washington. La elección del senador Marco Rubio como futuro jefe de la diplomacia refuerza la hipótesis. Rubio traerá consigo “sanciones más estrictas y, por desgracia, una retórica más dura y poco constructiva”, declaró Christopher Sabatini, investigador para América Latina del centro de análisis británico Chatham House, antes incluso de que Trump eligiese al senador latino para el cargo.
Agencias AP, AFP y ANSA
