MADRID.- Luego de que el régimen venezolano denunciara un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de Estado y apuntara contra dos ciudadanos españoles detenidos, el gobierno del presidente Pedro Sánchez rechazó las acusaciones sobre un posible organigrama para “desestabilizar” a la gestión de Caracas y negó “cualquier insinuación de estar implicados en una operación”.
En la misma línea, indicaron que constataron que los dos detenidos “no forman parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),la agencia de espionaje española, ni de ningún otro organismo estatal”. Según dijo una fuente del Ministerio español de Relaciones Exteriores a la agencia AFP, “España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”.
La respuesta llegó luego de que este sábado el hombre fuerte del chavismo y vicepresidente de Política, Seguridad y Paz, Diosdado Cabello, afirmara en una conferencia de prensa que luego de un “trabajo de inteligencia y rastreo” detuvieron a 14 personas, entre ellas seis extranjeras, que estarían relacionadas con el presunto complot y decomisaron 400 fusiles y pistolas, armamento que según el funcionario iba a ser usado para provocar actos violentos en territorio venezolano.
El ministro venezolano de Interior también identificó a los detenidos como Wilbert Josep Castañeda, “militar activo” de Estados Unidos y “jefe” del plan, y otros dos estadounidenses, así como los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Ambos españoles fueron capturados al sur del país, en Puerto Ayacucho, y según relataron, estaban de vacaciones en Venezuela.
Además, Cabello vinculó los supuestos planes para “atacar” Venezuela a los centros de inteligencia de España y Estados Unidos, a la líder opositora María Corina Machado, y al gobierno de Estados Unidos.
En respuesta, desde la Casa Blanca afirmaron que “cualquier afirmación sobre la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. Estados Unidos sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela”.
En medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y los gobiernos de Estados Unidos y España por las elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado reelecto frente a las denuncias de fraude de la oposición y gran parte de la población, el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegó hace una semana a España para pedir asilo tras un mes en la clandestinidad en su país, en donde es solicitado por la justicia. En respuesta, el gobierno de Venezuela llamó a consultas a su embajadora en Madrid y citó al embajador español en Caracas para protestar por los cuestionamientos a la reelección.
Por su parte, Sánchez -que no reconoce la victoria de Maduro pero tampoco la de su rival- se reunió esta semana en La Moncloa con González Urrutia. Tras esto volvió a coincidir con la posición de la Unión Europea (UE) e insistió en reclamar la publicación de las actas electorales.
Agencia AFP
LA NACION