Con la baja de las retenciones a los granos, además de la eliminación para los productos de economías regionales que aún tenían derechos de exportación, el gobierno de Javier Milei dio un mensaje concreto de que está dispuesto a cumplir con su promesa de terminar con esta discriminación injusta hacia el campo. Si bien la reducción, en principio, es temporal hasta fin de junio próximo, significa que el jefe de Estado, su ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, estuvieron dispuestos a considerar el reclamo del sector por un alivio en medio del impacto de la sequía. Y esto a pesar de la doctrina oficial de mantener a rajatabla la disciplina fiscal. Por supuesto, las retenciones están mal y se deben eliminar por completo.
Este paso del Gobierno debería, en simultáneo, abrir el camino para un planteo más general en torno de la competitividad del sector que más divisas aporta al país. Entre otras cuestiones: ¿qué va a hacer la Argentina para tener una estructura tributaria más simple y equitativa tanto en el ámbito nacional, como en las provincias y municipios? ¿Cuál será la estrategia para salir del estancamiento productivo que, a grandes rasgos y más allá del clima, impide un salto mayor? ¿Cómo se va a encarar toda la infraestructura necesaria, además de poner en condiciones a la existente? ¿De qué forma se van a abordar otros aspectos como la formación ligada al agro, la conectividad y hasta la seguridad para que vivir en el campo no sea estar con miedo? Son, sin dudas, temas que atañen al Gobierno y también a los provincias y el sector privado, en este último caso a las entidades del agro y a la cadena en general.
Por más que el Gobierno no se muestre cercano a la obra pública y quiera confiar que haya cuestiones que las resuelva el sector privado o quizá las mismas provincias, hay que definir un norte para esta y las anteriores asignaturas mencionadas. El riesgo es no solo perder el tren frente a países como Brasil que, al andar por sus rutas ligadas a las principales regiones productivas destella en sus ciudades un creciente empuje de todo lo vinculado con los agronegocios. El riesgo también es emocional: que los productores argentinos, siempre tan ávidos por incorporar tecnologías y con un espectacular mecanismo de autodefensa ante tanta discriminación impositiva, terminen cayendo en una desazón permanente.
Hace unas semanas, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) planteó en una serie de informes las fortalezas, debilidades y amenazas que tiene el país en lo productivo. Recordaba, por ejemplo, una infraestructura de transporte deficiente en un sistema vial de 640.000 kilómetros de rutas y caminos. “De estos, 400.000 kilómetros son caminos municipales, mayormente sin pavimentar. Sin embargo, pensando en la logística entre jurisdicciones, entre la red vial provincial y nacional nos encontramos con 240.000 km: 40.000 nacionales y 200.000 provinciales. De los caminos provinciales, la mitad son de tierra, 20% de ripio y apenas 30% está pavimentado. De los caminos nacionales, 40.000 kilómetros en total, 33.000 están pavimentados, pero son rutas con calzada simple, y sólo 3300 km están cubiertos por autovías y autopistas”, advertía.
En cuanto a lo productivo, marcaba que la Argentina ha quedado rezagada en productividad y cosecha versus Brasil. Detallaba el peso de las retenciones y también cómo vino afectando en los últimos años la brecha cambiaria. Luego remarcaba: “Además de un alza superior de los rindes por parte de otros grandes productores agrícolas, la Argentina también se ve rezagada en términos de crecimiento de área cosechada. En este sentido, desde principios de siglo el área cosechada en Argentina ha crecido más de un 50%. Sin embargo, el área en Brasil ha crecido más de un 150% desde inicios del 2000″.
Todas estas falencias, a las que se podrían sumar otras carencias como la inexistencia de un seguro multirriesgo para amortiguar quebrantos ante las inclemencias climáticas, o el bajo uso de herramientas para cubrirse del riesgo de la variación de los precios, demuestran que hay mucho pendiente y que, vale reiterar, se requiere una acción conjunta entre el Estado y el sector privado.
Hay, más allá del desafío de crecer con más productividad, una posibilidad para incorporar más área. La BCR lo resumió así: “Es importante destacar que la Argentina aún podría incorporar 6,5 millones de hectáreas adicionales a la producción agrícola respetando la Ley de Bosques Nativos vigente en el país (Bisang & Felici, 2024)”. Está la oportunidad de hacer grande al campo para siempre.
