CARACAS.– Comenzó con la más mínima grieta en el temido sistema de gobierno autoritario de Venezuela.
Una cadena de televisión emitiendo comentarios de una líder de la oposición. Otras figuras de la oposición diciendo que salían de la clandestinidad. Un grupo de estudiantes universitarios que se enfrentó públicamente a la presidenta Delcy Rodríguez, exigiéndole que liberara a los presos políticos.
A continuación, Rodríguez hizo sus propios anuncios sorprendentes: dijo que cerraría El Helicoide, la tristemente célebre prisión que los grupos de derechos humanos han descrito como un centro de tortura, y propuso una ley de amnistía masiva que podría liberar a cientos de presos políticos que siguen recluidos en cárceles venezolanas.
En conjunto, estas medidas hacen que muchos en Venezuela se pregunten si están surgiendo signos de deshielo tan solo un mes después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, y lo llevaran a la fuerza a Estados Unidos.
Cualquier flexibilización de las restricciones autoritarias podría revertirse, por supuesto, y ya han surgido reacciones en contra por parte de algunos miembros del gobierno. Pero el hecho de que se estén produciendo estos debates es un sorprendente reflejo de la rapidez con la que está cambiando el panorama político en Venezuela, a medida que Rodríguez se enfrenta a presiones internas para relajar las políticas represivas y mejorar la economía.
“Están entregando mucho más de lo que yo pensaba que podían entregar en tan corto tiempo”, dijo Colette Capriles, psicóloga social de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, citando tanto el cambio radical de las políticas petroleras nacionalistas como lo que denominó “gestos serios de apertura del espacio político y público”.
“La situación del gobierno interino es de vulnerabilidad en el sentido de que está obligado a oír”, dijo Capriles. “Está necesitado de construir en verdad algunos consensos que funcionen”.
Otros, como Nicmer Evans, crítico con el gobierno que fue detenido en diciembre por agentes de los servicios de inteligencia, recluido en El Helicoide y puesto en libertad a mediados de enero, sostienen que es demasiado pronto para describir lo que está ocurriendo como una especie de transición definitiva que se aleja de años de gobierno antidemocrático.
Aun así, Evans dijo: “que la gente sienta el valor de dar un primer paso y decirles a los demás que es posible luchar por el Estado de derecho y derechos constitucionales, es verdaderamente extraordinario”.
Parte de lo que está ocurriendo en Venezuela encaja en un plan de tres partes trazado por el secretario de Estado Marco Rubio, aunque quizá a un ritmo más acelerado del que él preveía. Rubio dijo que la primera prioridad era estabilizar el país, seguida de la recuperación económica y, a continuación, la transición a un gobierno democrático más representativo.
Abunda el escepticismo sobre que Rodríguez, una aliada de Maduro que fue su vicepresidenta, sea una persona capaz de encabezar reformas democráticas de gran alcance: después de todo, señalan los expertos, ella fue una de las artífices y principales beneficiarias del sistema autoritario que ahora dirige.
El gobierno venezolano no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.
Los detalles sobre la propuesta de amnistía de Rodríguez siguen siendo escasos, lo que hace temer que pueda ampliarse y manipularse para otorgar inmunidad a funcionarios del gobierno acusados por organismos internacionales de violaciones de derechos humanos. Algunos críticos afirman que simplemente está introduciendo cambios cosméticos, ganando tiempo antes de que los funcionarios estadounidenses la obliguen a aflojar significativamente su control del poder.
Poderosas figuras del gobierno, como Diosdado Cabello, ministro del Interior, quien ejerce el control sobre las operaciones de inteligencia y las células paramilitares, también han demostrado en los últimos días con qué facilidad se puede silenciar a quienes ponen a prueba los límites cambiantes.
Después de que una cadena de televisión privada, Venevisión, pusiera a prueba los límites de la censura la semana pasada al emitir comentarios de la dirigente opositora María Corina Machado, Cabello amenazó a la cadena con consecuencias no especificadas.
Poco después, Venevisión dijo que la cadena había sido eliminada de las plataformas de emisión de gran parte del país, lo que puso de manifiesto la rapidez con que el gobierno de Rodríguez puede tomar represalias contra cualquiera que se cruce en su camino.
Aunque el sistema político de Venezuela es menos draconiano que el de la Cuba gobernada por los comunistas, su principal aliado, Venezuela sigue siendo una fortaleza autoritaria en algunos aspectos.
La libertad de expresión sigue estando fuertemente restringida, y los principales periódicos y cadenas de televisión están en manos de propietarios progubernamentales. Algunos venezolanos afirman que el acceso a la plataforma de redes sociales X sigue bloqueado, lo que los obliga a utilizar redes privadas virtuales, o VPN, para eludir las restricciones del gobierno.
A la mayoría de los periodistas extranjeros se les sigue denegando la entrada en el país, y los pocos que consiguen entrar suelen ser deportados rápidamente al ser detectados. Los periodistas venezolanos que trabajan para medios de comunicación internacionales también son detenidos con regularidad.
Y aunque el presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos maneja Venezuela, el país sigue estando efectivamente fuera de los límites de muchos estadounidenses. Los ciudadanos estadounidenses siguen teniendo que obtener visas para entrar en Venezuela incluso para un viaje de negocios rutinario, un complejo proceso burocrático que a menudo no obtiene respuesta alguna de las autoridades venezolanas.
Los venezolanos que abandonaron el país se enfrentan a mayores dificultades. Para quienes se encuentran en Estados Unidos, renovar el pasaporte es una odisea costosa que exige viajar a otros países donde Venezuela tiene consulados operativos. A muchos venezolanos que cruzaron recientemente a Estados Unidos se les confiscaron los pasaportes y ahora corren el riesgo de ser deportados a Venezuela.
Sin embargo, parecen estar surgiendo cambios embrionarios en el sistema, que podrían abrir el camino a algún tipo de transformación más amplia.
Por ejemplo, algunos familiares de presos políticos han aparecido en público y han hablado con valentía en un esfuerzo por conseguir la liberación de sus seres queridos. Hasta el lunes, el gobierno de Rodríguez había puesto en libertad a más de 300 de estos presos, pero casi 700 seguían encarcelados, según Foro Penal, un importante grupo de derechos humanos.
Un puñado de dirigentes de la oposición también ha empezado a salir de la clandestinidad, reanudando actividades públicas como apariciones en los medios de comunicación. Este grupo incluye a Delsa Solórzano, abogada y exlegisladora, y a Juan Barreto, exalcalde de Caracas que rompió con Maduro por el creciente autoritarismo del gobierno.
Barreto, quien estuvo bajo arresto domiciliario de facto durante meses, con agentes de inteligencia armados apostados frente a su casa, dijo que la dirigente interina decidió aliviar la presión en el país.
Analizando la nueva realidad política, en la que funcionarios del gobierno de Trump han amenazado a Rodríguez con un destino similar al de Maduro, Barreto dijo que a su gobierno no le quedaba más remedio que avanzar con algunos cambios.
“El país está con una pistola en la cabeza”, dijo Barreto. “Las decisiones que se están tomando están bajo esta presión”.
Se trata de un delicado acto de equilibrio para Rodríguez, quien ha estado mostrando una especie de desafío performativo a Estados Unidos, criticando repetidamente la destitución de Maduro y pidiendo su regreso, al tiempo que acoge con satisfacción el fortalecimiento de los lazos económicos y diplomáticos con Estados Unidos.
El gobierno de Rodríguez también ha formado lo que denomina Programa para la Convivencia Democrática y la Paz. Se trata de una iniciativa integrada por personalidades del chavismo, el movimiento político que dirige Venezuela desde hace casi 30 años, pero también de la sociedad civil, entre ellos Michael Penfold, destacado académico especializado en cuestiones de gobernanza pública.
Una de las principales prioridades de este proyecto será ayudar a formular la legislación para la propuesta de amnistía de Rodríguez. Más adelante, algunos expresan un cauto optimismo en que podría evolucionar hacia una especie de comisión de la verdad y la reconciliación destinada a curar las heridas del descenso de Venezuela hacia el autoritarismo.
Mientras tanto, la Universidad Central de Venezuela, una institución pública de Caracas que históricamente ha funcionado como un hervidero de activismo político, ha resurgido en los últimos días como un foro donde la gente debate públicamente el liderazgo de Rodríguez y la dirección general del país.
Benigno Alarcón, analista político que participó en uno de esos debates la semana pasada en un recinto abarrotado, advirtió a los asistentes que moderaran sus expectativas. Dijo que, para que se inicie una verdadera transición democrática, “tiene que ocurrir efectivamente un cambio de la coalición que gobierna… y tiene que existir un cambio de régimen”.
“Las transiciones no son eventos”, dijo Alarcón. “Son procesos y son procesos que normalmente son conflictivos. Las transiciones reales suelen ser largas y en muchas ocasiones son reversibles”.
Por Simon Romero, Isayen Herrera y Patricia Sulbarán
