La Auditoría General de la Nación (AGN) cumple su primer mes de acefalía, una situación que no se había dado nunca en los 32 años de existencia, por la falta de acuerdo entre los distintos espacios del Congreso y se descarta que la situación se vaya a normalizar en lo inmediato, lo que genera más incertidumbre en el principal órgano de control de la administración de las cuentas del Estado.
En el Senado se plantearon dos propuestas que reformulan el funcionamiento e integración del organismo para destrabar las negociaciones entre el peronismo, los sectores dialoguistas y los libertarios. Pero el Gobierno no se muestra dispuesto a abrir esa mesa de diálogo que al menos lleve la discusión al recinto.
Mientras tanto, en Diputados la situación es más compleja porque no hay proyecto ni de reforma, ni tampoco hay interés Martín Menem para abrir una mesa de negociación. Es que la situación favorece la estrategia de la Casa Rosada que busca mantener paralizado el organismo de control mientras espera las elecciones legislativas con la ilusión de ampliar su número de bancas.
En la Cámara Alta, como informó Clarín, hay dos proyectos orientados a normalizar el funcionamiento del organismo de control. Por un lado está la idea de José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), y por el otro está el impulsado por el salteño Juan Carlos Romero, de la bancada Provincias Unidas y más cercano a la Casa Rosada.
Ambos senadores proponen recortar en forma drástica el mandato de los auditores de 8 a 4 años, con chance de reelección. El argumento sobre este punto es que cuando se redactó la ley los períodos de los senadores duraban 9 años y los presidentes 6 y se decidió que duren 8 años para garantizar la continuidad en el proceso de control. Pero con la reforma constitucional de 1994, los mandatos presidenciales bajaron a 4 años y en consecuencia entienden que debe ser el mismo período para los auditores.
Además, tanto la propuesta de Mayans como la de Romero establecen límites a los sueldos de los auditores. La del jefe del bloque peronista propone que sea lo mismo que lo que cobra un legislador mientras que el salteño precisa que no debe ser superior al de un senador, que en mayo ya comenzará a percibir una dieta de $ 9,1 millones, en bruto sin los descuentos.
Para tratar de destrabar la discusión, Mayans pretende aumentar el número de auditores de 7 a 9, mientras que el senador dialoguista quieren mantener la actual estructura. La segunda opción cuenta con el guiño del oficialismo porque en rigor, Romero plantea que al peronismo se le baje de 2 a 1 los lugares por cada una de las cámaras. En tanto, la UCR tendría una plaza por el Senado al igual que los bloques federales, mientras que en Diputados las dos plazas restantes quedarían para La Libertad Avanza y el PRO.
Esta distribución de los cargos sería aceptada por el oficialismo, que busca colocar a Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza, desplazando a Mario Negri, quien es propuesto por la UCR y cuenta con apoyo de Miguel Angel Pichetto de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. La plaza restante sería para Jorge Triaca, en representación del PRO.
En Unión por la Patria habría un principio de acuerdo para que se dividan el mandato entre el camporista Juan Forlón, quien tiene llegada a Máximo Kirchner, y el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa. Hay que ver si el acuerdo se mantiene en caso de una reforma en la integración del órgano de control.
En el Senado, el peronismo tenía la intención de validar otro mandato de Javier Fernández mientras que la UCR había elegido al ex senador por Formosa Luis Naidenoff. Aún no trascendió para quién quedaría el lugar restante.
Obviamente que si avanza la idea de una ampliación de los representantes del Congreso en la AGN, el peronismo buscará quedarse con una de los dos nuevas plazas. La incógnita es para quién quedará la otra vacante. Por eso, en la oposición insisten en que la maniobra del oficialismo es estirar la discusión hasta después de las elecciones de octubre y abrir una nueva negociación con la nueva distribución de las cámaras.
Una alternativa que se mencionó esta semana fue que el Gobierno recurra a un decreto del Presidente para modificar la estructura y los mandatos de los auditores.