Se espera que la que arranca sea una semana intensa dentro de la Corte Suprema, que evaluará, en caso de que el juez efectúe la consulta pertinente, si corresponde que Manuel García-Mansilla continúe en su cargo dentro del máximo tribunal pese al rechazo de su pliego en el Senado.
Mientras fuentes del cuarto piso de los tribunales de Talcahuano dan por hecha su salida, en el Gobierno presentaron un per saltum para que sea la propia Corte la que defina qué pasará con el magistrado, que el mismo jueves en el que el Senado volteó su pliego, también fue instado por el juez Alejo Ramos Padilla a no tomar decisiones como cortesano por un lapso de tres meses, hasta que se resuelva su futuro.
No fue el único per saltum que llegó a la Corte en las últimas horas. En medio de la tensión por el caso García-Mansilla, el diputado nacional Facundo Manes presentó un pedido de salto de instancia ante el máximo tribunal para que decida sobre la denuncia por amenazas coactivas que había hecho contra el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lo increpó públicamente durante la apertura de sesiones en el Congreso, el pasado 1° de marzo.
La jueza María Eugenia Capuchetti resolvió la semana pasada archivar el caso por «inexistencia de delito«, ya que, entendió, se trató simplemente de una «disputa política». Esa decisión podía ser apelada ante la Cámara Federal porteña.
Así lo hizo Manes, pero a la espera de esa resolución de Cámara también acudió en reclamo a la Corte mediante el recurso que se utiliza para «casos de extrema gravedad institucional», que tuvo aplicación en la década del ’90 y que, tras años sin utilizarse, fue sancionado por el Congreso hace más de una década, durante el kirchnerismo.
«Hicimos la apelación, que es el recurso normal que se utiliza en estos casos. Pero a los abogados les pareció que era importante también que se presentara un per saltum por la gravedad institucional del tema. Se presentó el viernes», confió una fuente cercana al diputado radical, que explicó que es una medida tomada como adicional a la realizada ante la Cámara, que en caso de fallar favorablemente al reclamo de Manes de que no se cierre el caso, dejaría abstracto ese per saltum.
La defensa de Manes está a cargo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Los impulsores de la denuncia habían solicitado ante la juez Capuchetti que se enviara la totalidad del material audiovisual que se encontrara relacionado con lo investigado en el legajo, como así también que informasen si producto del suceso denunciado se habían labrado actuaciones administrativas.
A la hora de evaluar las actuaciones y determinar si revisten una acusación penal, la jueza federal María Eugenia Capuchetti en una resolución a la que accedió Clarín, explicó que la “indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal”.
En función de ese primer criterio, la magistrada indicó que si bien no debe soslayarse que el derecho penal, se configura como la “última instancia del ordenamiento jurídico, es decir, su intervención está reservada únicamente para aquellos casos en los que no existe otra vía efectiva para proteger los bienes jurídicos en juego”.
Además, añadió: «Bajo tales premisas, se recurre al derecho penal “sólo cuando los mecanismos de solución de conflictos menos gravosos han resultado insuficientes o inaplicables. Por esa razón, antes de llegar a la tipificación de una conducta como delito, debe ponderarse si no existen otros medios menos lesivos que puedan abordar la cuestión en discusión, siempre favoreciendo la resolución pacífica y democrática de los conflictos”.
