Luego de que se conociera que productores bonaerenses presentaron ocho amparos judiciales en contra del aumento del impuesto Inmobiliario Rural que, en muchos casos, en la última cuota superó el 100% respecto del pago anterior establecido por el gobierno de Axel Kicillof, la Justicia se expidió sobre dos presentaciones e hizo un pedido de “reconducción” del expediente judicial. Se prevé también que para los próximos días haya novedades sobre otros seis distritos involucrados. Sumado a esto, y por la trascendencia que tomó el caso, se agregó un nuevo grupo de cerca de 100 productores bonaerenses por la misma acción.
Días atrás se conoció que los productores, con Cristina Boubee, una productora ganadera de Azul, provincia de Buenos Aires, presentaron ocho amparos en ocho departamentos judiciales distintos que involucran a agricultores de varios distritos. En total son 60 productores involucrados en esta primera instancia. No obstante, de estos distritos, en solo Junín y Pergamino se expidieron y hubo un pedido de “reconducción” de la acción, que tiene 10 días para ser respondido.
De acuerdo con Florencia Bros, abogada y parte del equipo técnico de la senadora provincial Florencia Arietto (LLA), lo que indicó la respuesta judicial es que “el amparo no es la vía, sino que hay que transformarlo en otro tipo de acción”.
Por eso, explicó que se está estudiando para los próximos días cómo se va a hacer y por qué vía. “Esto es bueno porque no nos rechazaron las causas, sino que al transformala en otra acción probablemente nos dé margen para ampliar los argumentos y, eventualmente, incluir más productores que quieran sumarse al reclamo. El pedido de reconducción es presentarlo con otro formato para que pueda seguir avanzando”, agregó.
Los otros lugares donde se hizo una presentación fueron Azul, Mercedes, Bahía Blanca, Mar del Plata, Trenque Lauquen y Zárate, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en los únicos lugares donde se conoció una respuesta a la acción fue en Pergamino y en Junín con el pedido de reconducción de la acción.
Allí se solicitó, previo a expedirse sobre la admisibilidad de la vía, un informe a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre los aumentos, entre 2023 y 2024, en particular entre la tercera y cuarta cuota del Inmobiliario Rural. Esto sería para ver si el amparo solicitado avanza como tal o se redirecciona. De acuerdo con la letrada, se prevé que esto se conozca mañana y el pedido vaya destinado a ARBA.
En Azul, agregó Boubee, quien organizó la iniciativa, el juez mandó a hacer la comparativa del 2023 con lo que sucedió en 2024, considerando lo que se aprobó en Diputados y Senadores [de la provincia] que fue del 200%, en este año. “El juez mandó a hacer los deberes. Eso es muy bueno, porque si hace la comparativa están todos arriba de 300%, 400% o 500% y van a tener que devolver plata: lo van a acreditar”, puntualizó. Las soluciones serían acreditar el excedente o dejarlo a cuenta de las futuras boletas.
“Veo bien el hecho de avanzar con los productores; del viernes hasta ahora hemos sumado a 100 nuevos productores. Vamos a tener un nuevo zoom para poder atenderlos a todos, para poder hacer una presentación. Algunos se van a presentar antes de la feria judicial, otros no y vamos a llegar hasta febrero, pero la idea es hacer un zoom con toda la gente que está llamando”, relató.
Esta primera presentación sirvió como un envión anímico, de acuerdo con Boubee, para que otros productores se sumen y que se “pierda el miedo”.
Días atrás, Boubee aseveró que hubo gente a la que le subió en la zona de Mar del Plata hasta el 700% u 800% con la última cuota. El conflicto, en rigor, viene desde comienzos de año, cuando ARBA mandó boletas con hasta un 300% y 400%, siendo que en la Legislatura se habían puesto topes del 200%. En Azul, Junín y Zárate lograron reducir algunas subas reportadas al 50%.
Boubee destacó el esfuerzo en conjunto con la agrupación “Soluciones de campo”, que formó hace dos años, y que hoy integran 180 productores. No obstante, señaló que toda la movida se ha realizado pese a la falta de respaldo de entidades gremiales.
