Protagonista del caso más emblemático de abusos sexuales cometidos por un sacerdote en la Argentina, el famoso padre Julio César Grassi no sólo causó cuando estalló, hace 22 años, un enorme impacto en la sociedad por la triple situación de la gravedad de los delitos, su condición religiosa y la obra de asistencia a menores a través de la Fundación Felices los Niños, sino que también provocó un intenso debate dentro de la Iglesia sobre si era o no culpable y cómo había que resolver su situación eclesiástica.
En aquel momento -cuando Canal 13 puso en el aire el informe de “Telenoche Investiga”- empezaba la catarata de denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en diversos países, a partir de una investigación del Boston Globe, el diario norteamericano que difundió el caso de la arquidiócesis de Boston que reveló la repulsiva modalidad de trasladar a destinos religiosos lejanos a curas acusados de delitos sexuales con el argumento de “evitar el escándalo”.
Lo cierto es que el escándalo terminó siendo más grande porque al tipo de del delito se sumó el querer ocultarlo y no hacer la denuncia, con el alto riesgo de que los criminales sexuales repitieran sus ataques. En medio de una creciente conmoción, el entonces Papa Juan Pablo II, ya muy debilitado en su salud, comenzó a dictar una serie de normas para afrontar el flagelo. Pero fue su sucesor, Benedicto XVI, quien fijó protocolos precisos ante las denuncias, que completó el Papa Francisco.
El estallido del caso “Caso Grassi” metía de cabeza a la Iglesia en ese incipiente proceso de saneamiento. Pero se decía que con el fin de no superponer instancias judiciales -más allá de suspender al sacerdote- había que esperar el desarrollo del accionar judicial para iniciarle al cura un juicio eclesiástico, cuyo fallo podría coincidir o no con el de los tribunales de la sociedad civil, y que, si lo hallaba culpable, conllevaba la expulsión del ejercicio del sacerdocio.
Es que la Iglesia tiene su propio Poder Judicial con jueces, fiscales y defensores e instancias de apelación hasta llegar a los tribunales del Vaticano que vendrían a ser algo así como la Corte Suprema. Pero el inicio de un juicio eclesiástico implica contar con indicios de que se cometió el delito. Y en la cúpula de la Iglesia había quienes tenían muchas dudas sobre la culpabilidad de Grassi y creían que había sido víctima de una venganza.
Tal era la duda -y el debate interno- que la Conferencia Episcopal Argentina le encargó al penalista y profesor de la UBA, Marcelo Sancinetti -aunque hay quienes dicen que fue una iniciativa de particulares-, una investigación propia sobre el caso que volcó en un voluminoso informe que abarcó cuatro tomos y 2.600 páginas en el que concluye que no hay elementos para culpar a Grassi. O sea, que es inocente. Los tomos fueron enviados a todos los obispos.
En marzo de 2017, al quedar firme la sentencia de 15 años de prisión contra Grassi por los delitos de de «abuso sexual agravado» contra un menor de edad, el obispado de Morón -dentro del cual estaba la Fundación Felices los Niños- aclaró que “desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis” y que “está vigente la medida dictada (…) que le prohíbe el ejercicio público del ministerio”.
Y completó: “Oportunamente la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El obispado -añadió- actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública”.
Más allá de que en la Iglesia argentina se tramitaron una veintenas de casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y muchos de ellos fueron expulsados, el proceso al padre Grassi -aunque está suspendido en sus funciones- no parece avanzar, acaso porque se considera que no se cuenta con los elementos suficientes, a pesar de lo que diga la justicia de la sociedad civil.
