Como ocurrió durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, la gestión de Javier Milei también decidió habilitar un «acuerdo marco» para que los ministerios puedan encargar encuestas de opinión pública. El condimento con la administración libertaria es que la luz verde para las contrataciones coincidirá con la llegada del año electoral.
Según confirmaron a Clarín fuentes oficiales, el acuerdo tendrá una duración inicial de seis meses y podrá prorrogarse otros seis meses más. En cuanto a los costos de los estudios, desde el Gobierno estimaron que cada encuesta saldría «entre 8 y 30 millones de pesos, dependiendo el tipo de metodología y el tamaño del sondeo».
Los precios coinciden con los valores de mercado. Uno de los encuestadores más activos de los últimos años, calculó ante la pregunta de este diario: «Un sondeo online sale entre 3,5 y 5 dólares por entrevistado. Y una presencial, tenés un piso de 12 dólares por entrevistado».
Un estudio nacional suele superar los 1.000 casos. Por el costo y por la efectividad que mostró la metodología online para ciertos análisis, los relevamientos presenciales terminan siendo los menos.
«Los gobiernos pagan lo que paga un privado. No hay precios diferentes. En algún caso puede ocurrir que la encuesta la consiga un tercero y te cobre un 20% de comisión», explica otro analista con varios años midiendo para la política. Niega una habitualidad de «sobreprecios», el fantasma que recorre todas las contrataciones del (de los) Estado (s).
Un mercado sospechado
Lo que busca este tipo de acuerdos que anuncia el Gobierno es transparentar un mercado apuntado y sospechado, sobre todo en épocas electorales.
El propio Milei fue muy crítico de los encuestadores que, en su gran mayoría, no anticiparon su triunfo en las PASO presidenciales. Sí fueron más precisas las consultoras en los pronósticos para la primera vuelta (cuando ganó Sergio Massa) y el balotaje (victoria definitiva del libertario).
Como contó Clarín, el Presidente escucha particularmente a dos encuestadores: Federico Aurelio, de Aresco; y Juan Mayol, de Opinaia. Tiene trato directo con ellos.
Pero «el» especialista en el tema es Santiago Caputo, el poderoso asesor que viene del mundo de las consultoras. Trabajó junto al ecuatoriano Jaime Durán Barba, histórico encuestador vinculado al macrismo, y luego tuvo su propia firma: Move.
Santiago Caputo también tiene algunas encuestadoras de cabecera, como Poliarquía e Isonomía, que, como Durán Barba, también estuvieron muy cercanas al PRO.
Aresco, en cambio, hizo su recorrido inicial pegada al peronismo. Y Opinaia, más nueva, se destacó como pionera en las mediciones online, trabajó para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y ahora se acercó a Milei.
En lo formal, será la jefatura de Gabinete que comanda Guillermo Francos la que aprobará las contrataciones, pero se descuenta que el filtro real será el dedo de Santiago Caputo.
Con el macrismo, el OK dependía de un especialista y adicto a la materia: Marcos Peña, jefe de Gabinete. Con Alberto Fernández, el que concentraba el poder de decisión sobre las encuestas era Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete sobre el final del mandato K.
Las claves del «acuerdo marco»
A modo de explicación y ante la consulta de este diario, desde el Gobierno especificaron los puntos básicos de la nueva/vieja metodología.
1. «¿Qué es el Acuerdo Marco? Es una licitación a través de la cual la Administración Pública Nacional determina a qué proveedores y a qué precios le puede contratar distintos instrumentos de opinión pública. No establece contrataciones efectivas. Cualquier área de gobierno puede disponer del Acuerdo Marco para contratar este tipo de instrumentos, sin tener que hacer una licitación independiente».
2. «¿Por qué el acuerdo marco es una buena forma de licitar este tipo de instrumentos? Cada proveedor postulante oferta sus precios para los distintos productos establecidos en el pliego. Luego, son seleccionados según si cumplen con las competencias técnicas estipuladas en el pliego y si sus precios están cerca del promedio del total de los oferentes. Es mejor que una contratación individual porque garantiza que el Estado no podrá contratar a ningún proveedor que esté por encima del promedio de precios de mercado. O sea: es un esquema a prueba de sobreprecios».
3. «¿Por qué el Estado Nacional contrata encuestas? Es un instrumento útil para conocer la satisfacción social con respecto a la performance del gobierno en sus distintas áreas de gestión y sobre políticas públicas particulares. Es una práctica habitual de todos los gobiernos del mundo».
También agregaron que para transparentar el proceso, se podrá seguir las contrataciones, con fechas, metodologías y montos, a través de la web https://comprar.gob.ar/.
