El consejero especial del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para la política exterior, Celso Amorim, consideró «muy preocupante» y calificó de «errónea» la decisión de las autoridades venezolanas de emitir una orden de arresto contra el líder de la oposición y ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
La posible detención de González «sería una detención política y en Brasil no aceptamos detenciones políticas».
En una declaración recogida por los medios locales, Amorim también afirmó que calificó como «innegable» la escalada autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro.
En este contexto, los reiterados llamamientos al diálogo de Brasilia «no encuentran espacio», concluyó.
“No se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos que haya ninguna apertura al diálogo, hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario, tenemos noticias de varias detenciones. El propio Gobierno ha anunciado más de 2.000 detenciones, no sé si para intimidar. No hay duda de que hay autoritarismo”, sostuvo.
Según Amorim, el Gobierno brasileño sigue intentando mantenerse abierto a la búsqueda de una solución pacífica a la crisis venezolana.
“Algunos dicen que puede ser una ingenuidad, tal vez lo sea, pero todavía esperamos una solución negociada para Venezuela”, dijo, y agregó que “no queremos salvar a (el presidente Nicolás) Maduro, queremos salvar a Venezuela”.
González Urrutia «no se ha planteado» la posibilidad de pedir asilo en alguna embajada, pese a la orden de captura en su contra, como parte de una investigación tras las presidenciales en las que denunció fraude, dijo este martes su abogado.
«No se ha pedido el asilo», dijo el defensor José Vicente Haro a la prensa a las afueras de la residencia del candidato en Caracas. «Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia», añadió.
González Urrutia, de 75 años, se encuentra en la clandestinidad desde hace un mes, luego del inicio de una investigación penal en su contra relacionada a los comicios del 28 de julio cuando las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamaron a Nicolás Maduro como presidente reelecto sin presentar el detalle del escrutinio.
José Vicente Haro, abogado de Edmundo González. Foto ReutersLa oposición denuncia fraude, reivindica la victoria de González y asegura que tiene las pruebas para demostrarlo.
La justicia lo solicita ahora por delitos que incluyen «desobediencia de leyes», «conspiración», «usurpación de funciones» y «sabotaje».
«Tenemos poco conocimiento de ese expediente judicial», explicó el abogado. «Lo que conocemos, lo que sabemos, es lo que es un hecho, público, notorio y comunicacional, que es una orden de aprehensión».
«Si existe una orden de allanamiento, se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios», siguió. «Prestaremos toda la colaboración posible, recibiremos a las autoridades y dejaremos que desarrollen todo lo que tengan que desarrollar de acuerdo a la orden judicial que tengan».
Rechazo internacional
Estados Unidos, el jefe de la diplomacia europea y nueve países de América Latina rechazaron el martes la orden de arresto. «Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza«, declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, al tiempo que Brian Nichols, representante estadounidense para América Latina y el Caribe, calificó la orden de arresto como «injustificada».
«En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas», señaló en la red X.
En la misma línea, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, rechazó «categóricamente» la medida y exhortó «a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos».
Además, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay igualmente rechazaron «de manera inequívoca y absoluta» la orden de captura.
Venezuela ya rompió relaciones diplomáticas con varios de estos países, tras no reconocer la reelección de Maduro.
La disposición busca «silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política», indicó el comunicado. «En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales».