Tres meses pasaron desde que el gobierno de Javier Milei desreguló el ingreso de la maquinaria agrícola usada del exterior. En este contexto, las empresas nucleadas en la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) volvieron a advertir sobre el riesgo de una “competencia desleal” y la necesidad urgente de fijar reglas claras para preservar el equilibrio del mercado. Los empresarios pidieron, en una convocatoria a los medios, restablecer “un sistema que consulte al fabricante nacional” antes de autorizar el ingreso de máquinas importadas para este fin, similar al que antes existía.
Sucede que con la derogación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) se eliminó un mecanismo que anteriormente exigía la consulta a los fabricantes locales antes de autorizar el ingreso de maquinaria agrícola usada.
Así, sin el CIBU, ahora pueden ingresar libremente equipos usados de cualquier segmento. El tema genera preocupación en el sector por un posible impacto en un mercado ya afectado por variables estacionales y financieras propias del país y el clima electoral.
Desde el sector los empresarios plantean que será necesario esperar al menos un ciclo agrícola para ver los efectos que generará el ingreso de los equipos importados. “Tenemos que esperar un año completo para poder hacer un verdadero análisis sobre si esto va a tener un gran impacto o no. ¡Ojalá que no!“, dijo Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT.
Según indicó, el 80% del parque de cosechadoras en la Argentina tiene más de 10 años de antigüedad, mientras que en el caso de los tractores el 70% supera los 18 años. El ideal técnico para los tractores debería rondar los 4 años de uso. En Brasil, por ejemplo, el promedio de antigüedad considerada eficiente para tractores se ubica entre los 6 y 7 años.
«Estamos muy a favor del libre comercio y la apertura comercial, siempre y cuando con reglas claras y que sea un terreno nivelado para todos, que podamos competir todos”, agregó Juan Lozano, gerente de relaciones institucionales de CNH Argentina. Esa mirada también la reflejaron Carlos Palmieri, gerente general de Jacto Argentina y vicepresidente de AFAT, y Daiana Repetti, responsable de Marketing de Claas Argentina.
Los empresarios resaltaron que una cosechadora con tecnología actual maximiza la productividad entre un 20% y un 25% versus una máquina de hace 10 años. “Cuanto más productividad tenga el campo, más se beneficia el Gobierno. Sabemos que es el motor de nuestra economía. Por otro lado, también está el tema de los servicios: sabemos cuándo una máquina está funcionando mal. Nos envían alertas a nuestros centros de control y nos comunicamos con el productor para decirle que pare la máquina, y evitamos paradas más extensas, con costos más reducidos, tanto para la empresa como para el productor», justificó Lozano.
Contaron que, pese a que el impuesto PAIS quedó sin efecto en diciembre de 2024 y con eso bajó la carga tributaria, “se continuó con el efecto financiero de una millonada de dinero que tenía el Gobierno de crédito fiscal”. Brito Peret observó que en “cuentagotas van pagando y el costo lo pagamos todos”.
“Convengamos que había miles de cosas para trabajar. Muchas veces nos sorprenden con la velocidad con que se están haciendo algunos cambios y con el nivel de diálogo. No siempre las correcciones que están haciendo son de nuestro agrado, pero se están haciendo muchas”, analizó Palmieri, quien además reclamó facilidades para avanzar con pagos en dólares dentro de la cadena. Los empresarios también puntualizaron sobre el costo laboral y productivo, que hoy impacta en la industria. Coincidieron en que estructuralmente el costo fiscal es algo que se mantiene en el tiempo.
“Primero se necesita la reducción de la carga impositiva; después la laboral, salarial y la infraestructura. Hay muchas cosas más que tienen que cambiar en lo salarial para mostrar un número objetivo aislado, que no es producto de una sola cosa: un operario de fábrica en Brasil hoy gana un equivalente a 450 dólares y en Argentina 1000 dólares, para producir lo mismo. Las cargas sociales y el costo asociado sobre el Estado están completamente desbalanceados”, sentenció Palmieri.
También hablaron de la necesidad de una ley de tránsito específica para maquinaria agrícola, como tienen Brasil, Estados Unidos y Uruguay. “Desde la industria decimos que lo tenemos que trabajar juntos. Con el campo, los fabricantes, Vialidad, los municipios. No es solamente una ley: es un sistema de trabajo. Porque hoy, si vos querés mover una cosechadora de un campo a otro, tenés que rezar que no venga nadie de frente o ir a la madrugada. Eso también es parte de tener reglas claras para el campo. A veces se piensa solo en impuestos o en retenciones, pero esto también es competitividad, es seguridad, y es previsibilidad para una actividad clave del interior”, agregó Lozano.
