En la Argentina de los ’90 la ola privatizadora de Menem llegó a San Juan y tocó a una de sus empresas publicas más emblemáticas, el Banco San Juan, que en noviembre de 1996, y tras 52 años en manos estales, pasó a capitales privados. Allí nació el Residual del Banco San Juan, una millonaria caja de deudores de créditos.Lee además
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banco san juan El accionista: la historia nunca contada
La operación de venta hoy causa perplejidad. El gobierno vendió el banco al grupo Leccorp conformado por Petersen Thiele y Cruz y Banco Piano, por 11,5 millones de pesos/dólares (existía el 1 a 1), tomó un crédito por 80 millones para sanear ante el comprador la cartera de deudores incobrables; y se quedó con créditos a cobrar otorgados sin respaldo por 195 millones de pesos.
Esos préstamos pasaron a formar parte del Residual Banco San Juan, uno de los pasivos más escandalosos de la historia provincial: hasta hoy no se ha publicado una memoria oficial sobre qué pasó con esos fondos, si se cobraron algunos créditos y por cuánto. A lo largo de estas tres décadas en a consulta en pasillos oficiales y judiciales se repite que el recupero fue ínfimo, pero sin ningún documento que lo avale.
Si en la actualidad el gobierno de Orrego tuviera esa fortuna de 195 millones de dólares podría terminar el 65% del dique Tambolar, o concluir un puñado de obra pública valiosa: el Túnel de Zonda (U$S 50 millones), la Ruta 40 Sur (U$S 11 millones), el acueducto Gran Tulum (U$S 10 millones) y las ampliación de la Planta Cerrillo Barboza y el sistema cloacal de Rawson (U$S 4millones). Y aún le sobraría plata.
La operación privatización
Según las publicaciones de la época, la decisión de privatizar se tomó porque el banco había tocado fondo y estaba a punto de quebrar. Un dato llamativo es que en diciembre de 1994 y para evitar una corrida o fuga de depósitos, los empleados del San Juan cerraron el banco. Ese mes el gobierno había sacado los 80 millones de pesos que regularmente mantenía para pagar sueldos e incluso usó fondos de otras empresas.
Fue el principio del fin: el 28 de enero de 1995 el entonces gobernador Jorge Escobar anunció que iba a privatizar el banco. En una reunión entre el presidente de la entidad bancaria, Ricardo Basualdo; y unos 50 accionistas, todos estuvieron de acuerdo en la transferencia de la mayoría accionaria a capitales privados. Y que el Estado conservara un 25%.
El 16 de febrero la Legislatura aprobó la estatización ante el rechazo de la oposición. Inició un largo proceso para concretar primero la licitación, y luego el traspaso de la empresa.
El 28 de noviembre de 1996 el banco fue transferido al grupo encabezado por la empresa Petersen Thiele y Cruz de Enrique Eskenazi, quien se convirtió en presidente del banco San Juan.
El nuevo dueño desembolsó 11,5 millones de dólares. “Solo el edificio donde funciona el banco valía más que eso”, opinó un ex empleado. Lo cierto es que como la entidad estaba quebrada, el Gobierno tomó un préstamo del Banco Mundial de 80,5 millones de dólares para sanearla, y se hizo cargo de la deuda que tenían particulares y empresas que habían obtenido préstamos de la institución bajo la administración estatal, la mayoría sin garantías.
Ese monto de 195 millones de dólares se convirtió en el residual del Banco San Juan y con el paso del tiempo, muchos de los deudores transferidos a la provincia no fueron demandados para que pagaran, por lo que las obligaciones prescribieron. En otros casos, las ejecuciones se iniciaron, pero las causas caducaron debido a que no se les imprimió el trámite necesario para que se cancelaran.
Al momento de ser privatizado el Banco San Juan contaba con la AFJP Fecunda, que años después se vendió por 8 millones de dólares.
“Ojos vendados”
Como ocurre en el libro Ojos Vendados, en el que Andrés Oppenheimer relata la corrupción entre multinacionales y países ricos en los ’90; en la provincia de San Juan el Estado se tapó los ojos y dejó escapar una millonada en créditos de deudores del banco que fueron transferidos a la provincia.
En una entrevista a una fuente jurídica que conoció el caso de cerca y pidió reserva informó que la auditoría de créditos a cobrar para privatizar el banco se hizo por “muestreo” en lugar de revisar caso por caso como hubiera sido lo correcto. De esa forma, la mayoría de unos 4.000 créditos -hipotecarios, prendarios, de tarjetas de créditos, de cuentas corrientes o pagarés entre otros- pasaron al Residual sin inspeccionarse.
Y muchos estaban flojos de papeles, se habían otorgado sin respaldo. En el 2017 Tiempo de San Juan publicó que por un préstamo de un millón de dólares se aceptó como garantía un viejo Renault Gordini. O se dieron direcciones truchas, y cuando se fue a buscar al deudor correspondían a domicilios del Lote Hogar, de personas que no podrían acceder a esos créditos.
El Residual y sus planes de pago “super” blandos
El gobierno transfirió a un ente residual del Banco San Juan la cartera de créditos de deudores. Con el tiempo se lo denominó simplemente Residual. “Era un ir y venir de carpetas sin documentación” graficó una fuente judicial que colaboró con esta nota.
Para solucionarlo, el gobierno sacó otra ley: con solo la certificación de “saldo deudor” firmado por un contador, sin el respaldo documentario de esa deuda; se podía ejecutar. Hablan de que se armó un gran lío en esa época.
Además, el gobierno ofreció durante varios años planes de pago muy convenientes para que los deudores de créditos cancelaran sus obligaciones.
- La ley provincial 6864 de 1997 ofreció el perdón de intereses punitorios y una quita del 10% del total adeudado, a los titulares de préstamos que cancelaran en un sólo pago la deuda. Para las cuotas, aplicó intereses muy bajos.
- En 1999 la Ley Provincial 6960 ofreció una quita del 40% por pago contado o en cuotas.
- Un año después la oferta mejoró sustancialmente: la Ley 7053 del año 2000 le agregó una quita adicional del 30% al capital (el 40% anterior, mas 30%). Y si pagaban de contado, un adicional del 10%. En cuotas, un plazo de 20 años, con 2 de gracia para el capital y 1 para los intereses.
- Esa norma fue ordenada luego en la Ley 643A y estableció un ultimátum a los deudores: Los que no se presentaran al 31 de diciembre de 2000 serían pasados al cobro judicial en Fiscalía de Estado.
Estableció además que el Comité Ejecutivo a cargo del Residual debía informar bimestralmente a la Cámara de Diputados, la nómina de los deudores que no se hayan presentado a refinanciar. Del mismo modo, se debía enviar al Ministerio de Economía un informe detallado de cada deudor. En la actualidad, nadie sabe dónde están esos informes.
El último Coordinador del Comité del Residual fue el contador Pablo Santibáñez (2015/2019), luego se disolvió porque las carpetas por vía administrativa prescribieron o habían pasado a cobro judicial.
Fiscalía, agujero negro del Residual
La Fiscalía de Estado, el órgano externo que nació en 1986 tras la reforma de la Constitución de San Juan, para representar y defender los intereses de la provincia; fue la última morada de los deudores del Residual del Banco San Juan. Y no tuvo éxito en su deber de cobrarlos, sino que hasta pecó de inoperancia. Algunos hablan de que se vendieron carpetas de deudores a abogados externos, pero eso no logró ser comprobado.
Han pasado 28 años y no se informó si se logró ejecutar alguna cantidad de esa deuda, que obviamente, ya prescribió. La década pasada se intentó investigar si los abogados de esa fiscalía dejaron prescribir los créditos para beneficiar a particulares a cambio de retornos, y perjudicando al Estado que representaron.
Los casos Grynzpan y Soto
Hay dos resonantes casos que datan de esa época: Grynzpan y Soto. Los dos eran deudores particulares por créditos distintos, y en ambos casos la provincia de San Juan, por medio de Fiscalía de Estado ganó el juicio.
Pero los abogados defensores no movieron el expediente, dejaron morir la causa y el Estado se perdió de embolsar la deuda reclamada (U$S 800.000 de Adolfo Grynzpan y U$S 20 millones en caso Soto). No solo eso: por la negligencia además se debió pagar honorarios enormes a los abogados litigantes del juicio.
En el caso Grynzpan la provincia pagó 3 millones de pesos. Por eso echaron de Fiscalía a los abogados Cristina Molina de Montilla y Derca. Los honorarios del caso Soto fueron 10 millones de pesos y la provincia viene apelando una reducción del monto. La última vez fue en el 2020 en medio de la Emergencia Económica sancionada por la pandemia, y la Sala I de la Cámara Civil hizo lugar al pedido. Solo gano tiempo, porque en algún momento cuando se levante la emergencia, la provincia tendrá que hacerle frente al pago.
Como corolario, actualmente, para ser proveedor del estado sanjuanino se exige aun presentar el libre deuda del Residual del Banco San Juan.
(Fuentes: Archivos de Diario de Cuyo, Tiempo de San Juan y Fundación Bataller, Digesto Jurídico de San Juan y entrevistas con fuentes judiciales, ex directivos y ex empleados del banco San Juan.)