Vestidos de civil, presuntos agentes de la policía política del SEBIN llegaron a la puerta de la casa de la periodista Ana Carolina Guaita, en las afueras de Caracas, a las 6 de la tarde del martes. Sin explicaciones, la llevaron detenida. Se convirtió así en la décima comunicadora social que el régimen de Nicolás Maduro encarcela sin motivo alguno ni orden judicial por cubrir las elecciones del pasado 28 de julio.
La detención arbitraria de Guaita fue denunciada por su jefe Alberto Ravell, fundador del diario digital venezolano La Patilla donde trabaja la joven detenida. “Rechazamos los arrestos arbitrarios. No hay razón que justifique el arresto contra Guaita”, remarcó.
El Sindicato Nacional de la Prensa (SNTP) también denunció el secuestro y desaparición de Guaita. “Denunciamos que este 20 de agosto fue detenida por presuntos funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), la periodista de La Patilla, Ana Carolina Guaita”.
“Nos confirman sus familiares que se la llevaron de la urbanización El Rincón en Maiquetía (la localidad del aeropuerto a media hora en coche de Caracas), cerca de las 6:00 pm de la tarde’’, escribió Marcos Ruiz, secretario general del SNTP.
El dirigente gremial Marcos Ruiz exige la liberación de Ana Guaita. Su hipótesis es que «quieran utilizarla como elemento de canje porque a sus padres, ambos dirigentes políticos de La Guaira, los han estando buscando. Salieron huyendo del país y ella está sola acá».
“También es verdad que ella fue la única periodista que estaba y publicó las fotos del momento cuando derrumbaron la estatua de Chávez en La Guaira”, localidad del Puerto de La Guaira, vecino del aeropuerto de Maiquetía, ambos cercanos a la ciudad de Caracas, añade Ruiz.
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro se proclamó ganador de los comicios, sin mostrar los datos. Foto: REUTERS Huida permanente
La joven Ana Guaita había tomado sus precauciones como la de cambiar de domicilio constantemente, esconderse y no aparecer por su casa mientras duraba la razia del gobierno contra los periodistas, activistas y dirigentes políticos opositores, pero necesitaba recoger algunas cosas personales en su vivienda y en ese momento cayó en las garras de los agentes policiales, sin percatarse que la estaban siguiendo.
Así como Ana Guaita, el régimen de Maduro ha dado órdenes de perseguir y arrestar a los políticos de la oposición, activistas, periodistas o simples colaboradores y simpatizantes de la causa democrática que lidera la opositora María Corina Machado, inhabilitada por el régimen, y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien según cifras que maneja la disidencia -y el Centro Carter- habría ganado con más del 60% de los votos.
Policías en moto dan órdenes a familiares de detenidos que esperan noticias de los arrestados en una prisión de Caracas, el 1° de agosto. Foto: The New York Times“A esta hora 20:25 cuerpos represivos del Estado, el SEBIN, sitian mi residencia en Barquisimeto”, capital de Lara, al occidente de Venezuela, cuenta en su X Alfredo Ramos, ex alcalde de Irrigoyen y dirigente político de la Causa R.
“Sigue el hostigamiento y la violación de los derechos humanos contra quienes hemos denunciado el robo descarado y el fraude masivo de Maduro. Maduro ejecutó un golpe a la soberanía popular y suspendió las garantías de facto», afirma Ramos, que no reportó haber sido detenido sino el terror que se dio.
El mismo presidente Maduro, que fue proclamado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) como el ganador para su tercer mandato sin presentar pruebas, ha anunciado que la meta es encarcelar a 2.400 personas disidentes que van a ser recluidas en las cárceles de Tocorón y el Tocuyito, donde se han ampliado sus barrotes para albergar a tantos disidentes.
La ONG Foro Penal ha registrado por ahora unos 1.500 detenidos, de los cuales 10 periodistas, 117 menores de edad, unos 7 minusválidos y 25 asesinados como el saldo de las elecciones del 28 de julio.
Bloqueo a las redes sociales
El régimen ha bloqueado la red X para toda Venezuela de manera temporal por 10 días que se han ido prolongando de manera infinita. El ente regulador oficial Conatel exige papeles y papeles a la red de Elon Musk para poder reactivar el servicio. Todos los medios independientes digitales en el país se encuentran vetados. La comunicación y la información circula de manera primitiva pero efectiva como la del boca a boca y en algunas redes sociales.
Todos los venezolanos que no comulgan con el gobierno de Maduro se ven obligados a borrar cada 24 horas los mensajes de sus redes para no dejar rastros de su comunicación con amigos, familiares o enemigos.
La gente esconde sus teléfonos celulares o móviles y no los llevan en su cartera para no comprometer a terceros. Todos los venezolanos son susceptibles de ser investigados o arrestados solo por el simple hecho de pensar diferente.
