«Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano», resalta el inicio del artículo 20 de la Constitución Nacional. La frase le garantiza el acceso a la salud y la educación pública a quienes habitan el suelo argentino, sin distinción. Aunque la continuidad del texto sería la llave para que el Gobierno avance con la reforma migratoria que comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni.
«Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación», prosigue el artículo, detallando así que los extranjeros que están habilitados, entre otros atributos, a atenderse sin pagar ninguna tarifa en hospitales y a asistir a la universidad de forma gratuita, tienen que ser residentes. No aplica, así, a quienes vienen a hacer los denominados «tour sanitarios» al país o a quienes cursan una carrera sin tener la residencia mínima.
Video
El Gobierno anunció que impulsará una reforma del régimen migratorio
En principio, el único vocero del Gobierno que confirmó que la iniciativa la enviará el Poder Ejecutivo al Congreso fue el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala. Hasta el martes por la tarde circulaba una versión en Casa Rosada de que los cambios podían salir por decreto. Se habló del envío de un comunicado detallando cómo sería el procedimiento, pero nunca se publicó formalmente.
En el Gobierno están convencidos de que el tema prosperará porque es un debate que se perfila muy favorable en la opinión pública, que según encuestas que analizan en Balcarce 50, viene demandando desde hace tiempo ese tipo de modificaciones. «Se va a hacer, la gente lo apoya. El que quiera frenarlo tendrá que explicárselo», asegura una fuente ejecutiva consultada, avalando los cambios, ya sea por decreto o por ley.
La seguridad del mileismo en relación a la reforma migratoria que promueve tiene que ver con que, creen, no es un tema judiciable a futuro. Un constitucionalista consultado por Clarín valida ese argumento. «Vos podés exigir razonablemente que se le cobre la salud o la educación pública a quien no es residente, al que está en tránsito; lo que no podés hacer es cobrarle a alguien que viva acá», explica Andrés Gil Domínguez.
El experto comenta que ese tramo de la Constitución pertenece al texto de 1853, precisamente, elaborado por Juan Bautista Alberdi, prócer venerado por los libertarios al punto de que el nuevo billete de $ 20.000 lleva su imagen. Y que el artículo podría dejar abierta esa variante que impulsa el oficialismo.
También deja una explicación, que entiende que referentes del Gobierno muchas veces no comprenden y que se baja mal como mensaje a la gente. «Se dice que la educación pública es no arancelada y no es así; porque plantea que podría arancelarse. Es gratuita, que no significa lo mismo», dice el constitucionalista.
Hay otra Ley para seguir de cerca, que es la Migratoria, sancionada en 2003 y que en su primer capítulo refiere a los derechos y libertades de los extranjeros. En el artículo 8 se destaca que «no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria». Ese «cualquiera» habilita a un extranjero en tránsito a ser atendido en hospitales públicos.
«El Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de la medida es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos», dijo Manuel Adorni en su conferencia de prensa habitual, sin ahondar en más detalles.
Pero por la tarde, Bartolomé Abdala dio un indicio claro de que el debate se va a llevar adelante en el Congreso. «El Poder Ejecutivo Nacional enviará un proyecto al Congreso para que los extranjeros paguen por la educación en Universidades Nacionales y también por la atención en el sistema de salud. Además, si cometen delitos serán expulsados del país», tuiteó Abdala.