La llamativa convocatoria lanzada por hinchas y barras de casi todos los clubes para acompañar este miércoles desde las 17 frente al Congreso la ya tradicional marcha de los jubilados en reclamo por la actualización de sus haberes motivó la respuesta inmediata del Gobierno, que advirtió, a través de Patricia Bullrich, que aplicará el protocolo antipiquetes y evitará el corte de calles en la zona donde se hará la manifestación.
La movida no es nueva. Se viene repitiendo en las últimas semanas, pero esta vez se espera una convocatoria mucho más masiva, con organizaciones políticas opositoras, sindicalistas y también hinchadas de fútbol que asistirán, en algunos casos simpatizantes genuinos, pero en otros las tradicionales barrabravas de varios equipos.
Bullrich, que está en Bahía Blanca participando del operativo de asistencia tras el temporal del último viernes, ya avisó que el operativo será el que se suele implementar y que «se van a tomar todas las medidas para que se cumpla la ley y se respete el protocolo».
Sobre la presencia de barras, había dicho el lunes: «Ya tuvimos el alerta el miércoles pasado, cuando fue la barra de Chacarita o de Atlanta. Ellos están buscando gente porque no tienen más la base que tenían: ahora están la izquierda, algunos kirchneristas y 50 jubilados, es la realidad. Todo lo demás son militantes políticos, y no los vamos a dejar pasar».
Por la tarde, el martes, la ministra fue bien explícita al difundir un comunicado desde Seguridad en el advierte por sanciones a aquellos barrabravas que concurran a la cita. «Se recuerda que cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o los bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida. Asimismo, se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, lo que implicará la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país», informó Seguridad.
Y luego amplió, con menciones al Código Penal: «El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, el respeto por la ley y el orden público, garantizando el bienestar de toda la población. En este sentido, no se tolerarán hechos de violencia en manifestaciones o eventos de cualquier índole y se aplicará estrictamente lo establecido en el artículo 194 del Código Penal, que establece».
«El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Se insta a todos los participantes de la marcha a expresarse de manera pacífica y dentro del marco de la legalidad», concluyó el texto oficial.
En el Gobierno ven la mano del kirchnerismo
Más allá de los dichos públicos de Bullrich y del Ministerio, a los que además se sumó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Gobierno interpretan la marcha como una jugada del kirchnerismo para recalentar el clima social de cara a las elecciones.
Los últimos episodios adversos para la Rosada, como el escándalo cripto, sirvieron de puntapié para que desde Unión por la Patria se reflotaran los cuestionamientos a un Milei cuya imagen venía en alza sostenida por los resultados de la macroeconomía.
Por eso en el Gobierno descartan que la movilización sea genuina y creen que a la misma no asistirán «hinchadas comunes», sino barras. Entre los anotados figuran barrabravas de River, Boca, Independiente, Atlanta, Tigre, Ferro y Excursionistas, que se sumaron a varias que convocaron originalmente, como la de Chacarita.
El sindicalismo también dirá presente en la movilización. Por caso, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunciaron que acompañarán la marcha de los jubilados.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales y firmado por sus Secretarios Generales, Juan Carlos Schmid y Omar Maturano respectivamente, indicaron que la decisión es para respaldar su reclamo “ante las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional, que han significado recortes y quita de derechos adquiridos”.
