SEÚL-. Agentes anticorrupción surcoreanos intentaron arrestar el viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol por la imposición de una ley marcial hace un mes, pero abortaron la operación ante la resistencia de más de seis horas de los hombres del servicio de seguridad en la residencia del dirigente político.
El líder conservador sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial, un estatuto legal de excepción que suspende las garantías constitucionales como el derecho a la expresión, a la protesta y establece fuertes restricciones a la libertad de prensa.
Suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional y con una destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon también se expone a acusaciones por presunta “insurrección”, castigados con la cadena perpetua o la pena de muerte en ese país asiático.
Investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), encargada de la causa, ingresaron este viernes a su residencia en Seúl, donde Yoon permanece encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto en su contra.
El equipo fue bloqueado inicialmente por una decena de vehículos en la vía de acceso a la residencia. Finalmente consiguieron entrar en la propiedad “tomando una ruta por la ladera”, según dijo un funcionario de la OIC en una conferencia de prensa.
Un centenar de agentes de policía y miembros de la OIC se encontraron entonces con más de 200 personas con los brazos entrelazados para bloquear el paso y tras varias horas de tenso enfrentamiento con los guardaespaldas presidenciales, los agentes de la OIC decidieron que su misión era inútil y se dieron por vencidos.
Así, desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que pretenden detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado al ejército a la Asamblea Nacional.
El intento de arresto es un territorio desconocido para Corea del Sur. Es la primera vez que un presidente que no dejó el poder se enfrenta a un posible arresto y la expectativa recae en los siguientes pasos que tomará una institucionalidad que nunca había pasado por una situación similar.
Los abogados de Yoon argumentaron que la policía no tenía derecho a intervenir en la residencia presidencial, clasificada como “instalación secreta de defensa”.
Uno de los apoderados del presidente suspendido, Yoon Kap-keun, insistió este viernes que la orden de arresto es “ilegal e inválida” y que, por lo tanto, su ejecución “es ilegítima”. “Se tomarán acciones legales respecto a la ejecución ilegal de la orden”, afirmó.
Los investigadores tienen hasta el lunes para ejecutar la orden de detención, que expira a los siete días.
En medio de un fuerte despliegue judicial y mediático, los partidarios del presidente coreaban su nombre y entonaban cánticos como “La orden de captura ilegal no es válida”.
Lee Hye-sook, un simpatizante de Yoon de 57 años, le dijo a la agencia AFP que los líderes opositores “intentan transformar el país en un Estado socialista, similar a Corea del Norte”, un vínculo establecido varias veces por el presidente.
Yoon sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa la ley marcial por primera vez en la historia democrática de Corea del Sur en la noche del 3 de diciembre, aunque horas más tarde se vio obligado a dar marcha atrás presionado por los diputados opositores mayoritarios en la Asamblea Nacional y por miles de manifestantes que se echaron a las calles.
Tanto el presidente como algunos de sus colaboradores enfrentan ahora una investigación por “insurrección”.
El viernes, la fiscalía imputó por insurrección a dos altos cargos militares, entre ellos el general nombrado comandante de la ley marcial, que ya estaban bajo arresto.
En el caso de Yoon, los investigadores lo citaron sin éxito en tres ocasiones para ser interrogado y finalmente optaron por pedir a la justicia una orden de arresto contra él.
El equipo legal de Yoon presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar bloquear la orden de arresto que consideran “inválida e ilegal”, pero el jefe de la oficina anticorrupción, Oh Dong-woon, alertó que si alguien intenta impedir la detención puede ser “perseguido judicialmente”.
Según medios surcoreanos, los responsables de este organismo quieren arrestar a Yoon y trasladarlo a su oficina en Gwacheon, cerca de Seúl, para un interrogatorio.
Después, el presidente suspendido puede seguir retenido hasta 48 horas en virtud de la orden de arresto actual. Para mantenerlo más tiempo bajo arresto, los investigadores deben solicitar otra orden a la justicia.
Agencias AFP y AP