A las 6.45 de este martes, una alerta en el puente de Battersea activó a la Policía Metropolitana de Londres. Una mujer estaba en el río Támesis en una jornada con muy bajas temperaturas. La Unidad Marítima llegó en minutos, la sacó del agua y la trasladó al St George’s University Hospital. Poco después, los registros cruzados confirmaron la identidad: Zulma Guzmán Castro, de nacionalidad colombiana era buscada con notificación roja de Interpol por su presunta vinculación con el envío de frambuesas contaminadas con talio que derivó en la muerte de dos adolescentes, de 14 y 13, en Bogotá.
La historia tiene un capítulo nítido en Buenos Aires, en la previa y los meses posteriores al doble crimen. Guzmán llegó a la Argentina en 2023 y el año pasado se postuló para ingresar a una maestría a la que fue admitida en diciembre de 2024. Inició la cursada el 14 de abril de 2025 y la sostuvo hasta el 31 de agosto, cuando comunicó por escrito su decisión de abandonar el programa para radicarse en otro país. Ni sus compañeros, ni docentes sabían que durante esos cinco meses en la Argentina, en Bogotá se consolidaba la investigación penal, cuyo cerco se fue cerrando sobre ella con el paso de los meses.
El caso había estallado y acaparado la primera plana de los medios colombianos a comienzos de abril de 2025 en Colombia. Cuatro personas —tres menores y un chico de 21 años— habían sufrido una intoxicación tras consumir frambuesas bañadas en chocolates enviadas como supuesto regalo mediante una empresa de mensajería. Dos de las adolescentes murieron en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá; la tercera menor sobrevivió con secuelas irreversibles y el joven logró recuperarse.
Los peritajes en los cuerpos de las cuatro víctimas detectaron concentraciones letales de talio, un metal pesado incoloro e inodoro, capaz de producir daño neurológico, parálisis y fallas multiorgánicas. Con ese cuadro, la Fiscalía encuadró el hecho como homicidio y orientó la pesquisa hacia una coordinación deliberada del envío y la contaminación del fruto con el metal pesado.
El nombre de Guzmán fue introducido por Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas, y el móvil habría sido una venganza por una relación extramatrimonial que el hombre tuvo con la mujer investigada.
El 13 de abril, 8 días después de concretar el ataque, Guzmán salió de Colombia rumbo a la Argentina. Un día después, ya estaba en el inicio del ciclo lectivo de la maestría. Durante su estadía no se conocieron actuaciones públicas de autoridades locales sobre su situación procesal ni medidas de captura en territorio argentino o pedidos internacionales en contra de la mujer que se pudo mover con libertad por el país. A fines de agosto, dejó América y viajó a Europa. En diciembre, con el expediente avanzado y la notificación roja ya solicitada, su nombre volvió a circular en entrevistas y apariciones digitales, en las que negó las acusaciones.
El seguimiento público sumó una escena mínima que se volvió pista: en una entrevista difundida a principios de diciembre, Guzmán levantó una botella de agua mineral de una marca británica, un detalle que reforzó la sospecha de su presencia en el Reino Unido. La confirmación llegó con el operativo en el Támesis.
Una vez identificada, quedó bajo custodia en un hospital y se activó el circuito judicial que define si corresponde deportación o extradición. El trámite, según estimaciones de fuentes consultadas por la prensa británica y colombiana, podría demandar entre ocho meses y un año.
El recorrido que une Bogotá, Buenos Aires y Londres exhibe la dimensión transnacional del expediente. El envío del postre adulterado, el rastro en la mensajería a la que llegó el mensaje desde un número con característica de la Argentina, los peritajes sobre el talio y las movidas migratorias le dieron forma a una investigación que atravesó fronteras y dependió de cooperación internacional.
La notificación roja —el mecanismo de alerta internacional con el que la Interpol solicita localizar y detener a una persona requerida por la justicia de un país— ya estaba en vigor cuando se produjo el rescate en Londres.
Desde entonces, el proceso quedó en manos de la justicia inglesa, con audiencias previstas en el Tribunal de Magistrados de Westminster y la definición entre deportación o extradición, según los pedidos y las garantías que exija la causa.
En paralelo, la acusada sostuvo que no es responsable de los hechos. “Soy madre, y eso debe ser un dolor insoportable, y entiendo que por esa razón quieran encontrar al culpable y utilizar todos los medios posibles para hacerlo,pero yo no soy esa culpable”, dijo una entrevista con Focus Noticias,
