MADRID.- El Partido Popular (PP) de España anticipó hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que no apoyará ninguna medida que busque “controlar a los medios de comunicación”, cuando se prevé que mañana el Consejo de Ministros apruebe el Plan de Acción por la Democracia que tiene entre otras cosas como foco medidas para frenar la difusión de noticias falsas.
La formación opositora de Alberto Núñez Feijóo realizó estas declaraciones después de que el presidente del gobierno anunciara hoy que su gabinete de ministros dará luz verde a este proyecto mañana, un paquete de medidas que él ideó en sus cinco días de reflexión cuando se conoció que su mujer estaba siendo investigada por tráfico de influencias en el caso Begoña.
Según Sánchez, este plan de acción ayudará a “dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías” a las Cortes Generales y al “ecosistema informativo” y servirá para hacer frente a la “desinformación” y la “máquina del fango” que asedian a la democracia española.
Se trata de “un plan que mana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de nuestros ciudadanos a una información veraz. Por tanto un plan que mana de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea”, dijo.
“La democracia está siendo asediada por campañas de desinformación, presiones a periodistas y corruptelas”, afirmó Sánchez ante miembros del PSOE en declaraciones en las que también expresó su deseo de que esta medida sea apoyada por “todos los demócratas de nuestro país”.
“No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí en el Congreso de los Diputados voten en contra de las mismas cuestiones”, agregó.
En este sentido, el PP afirmó que no apoyará “ningún planteamiento del gobierno que se base en controlar los medios de comunicación que les impida publicar temas y asuntos que incomoden al presidente Sánchez”.
“Resulta llamativo que Sánchez impulse su propuesta precisamente tras la investigación judicial contra su esposa, imputada por corrupción y tráfico de influencias, y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido”, indicó el partido opositor.
“La degeneración democrática continúa mañana. El retiro espiritual que hizo el presidente del Gobierno, las vacaciones que se tomó para pensar cómo venir a por todos nosotros, es lo que ha hecho. Anunció que venía a por jueces, por los medios de comunicación, por la oposición, y es lo que está haciendo”, comunicó Carlos Díaz-Pache, vocero del grupo parlamentario del PP en Madrid. “Presentará ese plan de ´degeneración´ democrática que va a intentar coartar las libertades de los medios para poder publicar las informaciones que consideren oportunas”.
El PP acusó al gobierno de Sánchez de buscar controlar “con dirigentes de obediencia debida la agencia EFE y RTVE, además de buena parte de las instituciones del Estado”.
“Ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras”, indicó el PP, en alusión a Venezuela.
Entre las medidas detalladas en el plan de Sánchez se incluye exigir a los medios de comunicación a que identifiquen a todos los accionistas con influencia en su línea editorial, las cantidades que reciben en publicidad financiada con fondos públicos y de terceros países, y datos transparentes de audiencia.
“Debemos limitar la financiación pública para que no haya medios que tengan más financiación pública que lectores y garantizar que no hay partidos que compran líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes”, aseveró Sánchez en julio durante su comparecencia en el Congreso.
Anteriormente, Sánchez también había realizado un anunció de una subvención de 100 millones de euros para ayudar a los medios tradicionales a digitalizarse.
El Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, el cual fue apoyado por el PP, sostiene en su artículo 6 que los prestadores de servicios de comunicación deben hacer accesible “el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”.
Agencias DPA y AP
LA NACION