Después de las medidas de fuerza de ayer, el Gobierno no está dispuesto a dejarse sorprender por algún paro que vuelva a dejar arriba de los aviones a los pasajeros que aterrizaban. Inmediatamente después de que se conociera que se había decidido la desvinculación de 15 empleados de Intercargo, supuestamente involucrados en las medidas de ayer, varios vehículos de Prefectura y del cuerpo de Infantería de la Policía Federal estacionaron en el aeropuerto porteño.
Mientras tanto, detrás de la línea de embarque, donde tiene jurisdicción la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aumentó la dotación de efectivos que a diario custodian la terminal. A unos kilómetros, en Ezeiza, se produjo un movimiento similar. De hecho, la Infantería y la Prefectura se colocaron en el puente desde donde inicia la autopista a Cañuelas, lugar en el que había una protesta de empleados del Estado (ATE) y ante el temor de que intenten cortar el acceso a la estación internacional.
El movimiento de fuerzas se dio pasado el mediodía, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó que habían decidido echar a 15 empleados. “Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, escribió a las 13.37.
Inmediatamente después, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, redobló la apuesta. “El derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente. Los salvajes de APA [la Asociación de Personal Aeronáutico] ayer mantuvieron encerrados por más de tres horas en los aviones a más de 1500 pasajeros para exigir la reincorporación de un empleado de Intercargo que fue despedido por ocasionar demoras el sábado pasado. No solo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron ayer los pasajeros y ya están despedidos. Desde que asumió [Javier Milei] @JMilei se acabó la Argentina donde era gratis joder a la gente”, dijo pasadas las 14.
Para ese momento, las estaciones estaban ya movilizadas. La decisión del Gobierno de mover a las fuerzas de seguridad tiene dos objetivos. Por un lado, contar con personal que desaloje los aviones en caso de que se suceda la misma protesta que ayer, cuando el personal de Intercargo desató una protesta en el Aeroparque Jorge Newbery que terminó con pasajeros sin poder bajar del avión.
Ayer, cuando eso sucedía, la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, estaba en una reunión con su par porteño, Waldo Wolf, para coordinar el comando unificado que se dará a fines de noviembre cuando se juegue la final de la Copa Libertadores. Cuando decidió actuar, ya habían pasado largas horas con viajeros atrapados en los fuselajes. Para evitar eso, amplió la cantidad de efectivos de la PSA del otro lado del embarque. Sucede que esta es la fuerza que tiene jurisdicción en las estaciones aéreas y serían los encargados de operar los servicios de rampa si hay otra medida de fuerza de Intercargo. Saben que no podrán salir vuelos, pero, al menos, podrán desalojar los que arriben.
Fuera del aeropuerto los roles se invierten. La PSA es la que no tiene jurisdicción. Y ante la posibilidad de que pueda suceder un corte de la Avenida Costanera, pues se movilizó a la Prefectura y a la Infantería. Allí esperaron 12 camionetas (9 de Prefectura y tres de la Policía Federal), con los efectivos desperdigados en algún que otro mitin en la vereda de Aeroparque. “Es preventivo, por si hay algún corte”, contestó uno de ellos a LA NACION, enfundado de traje, chaleco, rodilleras y toda la bijou antimotines en su cintura.
