A pesar de la reticencia del oficialismo, la oposición avanza para limitar los «decretazos» de Javier Milei: los diputados empezaron a debatir este miércoles en un plenario de comisiones las modificaciones a la ley de DNU, aprobada durante la gestión de Cristina Kirchner. Hay consenso mayoritario para un punto fundamental: fijar un plazo de vigencia limitada (hay discusión si tienen que ser 30, 60 o a 120 días) para que si en ese tiempo el decreto no es convalidado por el Congreso, quede automáticamente sin efecto.
Actualmente la ley de DNU -aprobada en 2006- fija exactamente lo contrario: que mientras el Parlamento no los rechace, los decretos firmados por el Presidente tienen el peso de una ley. Para que queden sin efecto, además, establece que tiene que ser rechazado por ambas Cámaras.
Para la Libertad Avanza es una decisión «especulativa« que quiere socavar la gobernabilidad. «Es raro y sospechoso que el propio kirchnerismo quiera cambiar una ley que ellos impulsaron y aprobaron», señalan en la bancada violeta.
El diputado Lisandro Almirón fue el único orador del oficialismo y el último en hablar, cuando el salón estaba prácticamente vacío. Además apuntan contra Unión por la Patria. «No somos ingenuos, sabíamos que iban a buscar ir por los DNU y las decisiones que afectan a la gobernabilidad y las decisiones del Presidente de la Nación», señaló y agregó: «La misma ley que avalaron en 2006, que usó Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández. ¿Por qué no quieren que la utilice Javier Milei? Son las medidas que lograron bajar la inflación».
En la oposición ya creen que si se aprueba Milei es capaz de vetar el texto. «Esta ley no tiene costo fiscal, espero que no la vete«, lanzó el socialista Esteban Paulón.
El debate de este tema -que el oficialismo no quería tratar- fue forzado por la oposición en la última sesión, cuando a pedido del cordobés Oscar Agost Carreño, se votó el emplazamiento a las comisiones para iniciar la discusión con el objetivo de dictaminar en dos semanas.
Hay 16 proyectos, de distintos colores políticos, con estado parlamentario, que se pusieron sobre la mesa. La mayoría apunta a fijar plazos para la vigencia del DNU hasta tanto el Congreso se expida. En ese sentido se abre una primera discusión sobre cuánto tiempo debe ser: hay opciones que van de 30 a 60 días, con opciones de prórroga.
Pero el plazo depende de otro punto, sobre el que no hay todavía un acuerdo claro: la bicameralidad. Algunos, como Carreño, consideran que tiene que bastar con que una sola cámara rechace el decreto para que quede volteado, como ocurre con una ley: si una cámara la vota en contra la otra ya no la puede tratar por un año. «Es inadmisible que un decreto tenga más valor que una ley», apuntó.
Pero otros, como la radical Carla Carrizo, insisten en que tienen que ser ambas cámaras. De esa manera se guardaría el recaudo de que si en una Cámara la oposición es mayoría no pueda bloquear todas las decisiones de un Gobierno.
Incluso del PRO -que siempre militó el tema- pero ahora pone reparos y solicita dilatar el debate. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria -que siempre se opuso a modificar la ley e hizo caer en el Senado la única posibilidad que había conseguido avanzar en 2010- ahora quiere modificar la norma. Se cruzaron los roles.
«Cuando lo apoyábamos lo hacíamos porque la ley había venido para reforzar la tiranía de las mayorías, para obturar la posibilidad de desacuerdo y dejar correr la escribanía que habían generado. Cuando hay un cambio cultural social, gobierna un espacio distinto quieren caer con todo el peso para recortar ese cambio. No me parece la manera. El instituto de los DNU también garantiza la gobernabilidad», defendió Silvana Giudici (PRO), referente de Patricia Bullrich que tiene un proyecto presentado en el pasado sobre el tema.
En las argumentaciones el grueso de los legisladores planteó que el decreto 70/23 de Milei, que tenía más 300 artículos y derogaba o modificaba una batería de leyes, fue el detonante.
«Efectivamente no es lo mismo un presidente que otro. La misma herramienta puede ser con determinado objetivo o con el contrario. Queremos poner límites porque hace un mal uso de las herramientas constitucionales«, planteó Germán Martínez, jefe de bloque de UP, quien ser «prácticos» y avanzar con los puntos que haya acuerdo y con más tiempo rever el resto.
