LA HAYA.- El máximo tribunal de las Naciones Unidas subrayó el miércoles “la amenaza urgente y existencial que supone el cambio climático” al empezar a leer un dictamen sobre las obligaciones jurídicas de los estados de tomar medidas.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva en un caso histórico sobre las obligaciones de las naciones para abordar el cambio climático y las consecuencias que podrían enfrentar si no lo hacen.
“El incumplimiento de un estado en tomar medidas apropiadas para proteger el sistema climático (…) puede constituir un acto internacionalmente ilícito, susceptible de dar lugar a indemnizaciones a los países afectados”, declaró el presidente de la Corte, Yuji Iwasawa, durante la audiencia. La opinión no vinculante, que se extiende a más de 500 páginas, se considera un posible punto de inflexión en el derecho internacional sobre el clima.
La Corte también declaró que un “entorno limpio, saludable y sostenible” es un derecho humano. Consagrar un entorno sostenible como un derecho humano allana el camino para otras acciones legales, incluyendo que los estados acudan a la CIJ para rendir cuentas entre sí, así como demandas nacionales, junto con instrumentos legales como acuerdos de inversión.
Después de años de cabildeo por parte de naciones insulares vulnerables que temen desaparecer bajo el aumento de las aguas del mar, la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ en 2023 una opinión consultiva, una base importante para las obligaciones internacionales.
El caso está liderado por la nación insular de Vanuatu y cuenta con el respaldo de más de 130 países.
El medio ambiente, dijo el magistrado Iwasawa al resumir la opinión de la Corte, “debe protegerse para las generaciones actuales y futuras”.
“Las consecuencias del cambio climático son graves y tienen un gran alcance: afectan tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas”, declaró Iwasawa al inicio de la audiencia en La Haya. El tribunal concluyó por unanimidad que la violación de las obligaciones climáticas por parte de un Estado pueden dar lugar a “la reparación íntegra del perjuicio sufrido por los Estados lesionados en forma de restitución, indemnización y satisfacción”.
Al ser emitido por la máxima autoridad judicial de la ONU, se espera que el dictamen siente jurisprudencia y establezca una interpretación jurídica sólida para guiar futuras acciones o decisiones judiciales de todo el mundo, en términos de justicia climática.
“Es tan importante que podría ser uno de los fallos jurídicos más importantes de nuestro tiempo por el alcance de las cuestiones que aborda, que afectan al núcleo mismo de la justicia climática”, afirmó Joie Chowdhury, abogada del Centro de Derecho Ambiental Internacional.
Las dos cuestiones que la Asamblea General de la ONU pidió a los jueces que estudiaran fueron: ¿Cuáles son las obligaciones de los países en virtud del derecho internacional para proteger el clima de las emisiones de gases de efecto invernadero? y ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para los países que dañan el sistema climático?
La Corte celebró en diciembre en el Palacio de la Paz la audiencia más grande de su historia, con más de 100 naciones y grupos que se expresaron.
Durante las dos semanas de audiencias, los grandes contaminadores, como Estados Unidos y la India, argumentaron que el arsenal jurídico existente -la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) y las COP anuales- era suficiente.
Por su parte, los países en desarrollo y los pequeños estados insulares abogaron por medidas más estrictas, en algunos casos jurídicamente vinculantes, para frenar las emisiones y por que los mayores emisores de gases de efecto invernadero que calientan el clima proporcionen ayuda financiera.
El dictamen del máximo tribunal dijo que los países ricos deben cumplir sus compromisos internacionales para frenar la contaminación si no quieren arriesgarse a tener que pagar resarcimientos.
Estados Unidos y Rusia, ambos grandes productores de petróleo, se oponen firmemente a que la Corte ordene reducciones de emisiones.
“Lo que está en juego no podría ser más grave: la supervivencia de mi pueblo y de muchos otros”, expresó Arnold Kiel Loughman, fiscal general de Vanuatu, a la Corte durante una semana de audiencias.
En la década hasta 2023, los niveles del mar aumentaron en un promedio global de alrededor de 4,3 centímetros, con partes del Pacífico subiendo aún más. El mundo también se calentó 1,3°C desde tiempos preindustriales debido a la quema de combustibles fósiles.
“Los acuerdos que se están haciendo a nivel internacional entre los estados no se están moviendo lo suficientemente rápido”, dijo a The Associated Press Ralph Regenvanu, ministro de cambio climático de Vanuatu.
Los activistas podrían presentar demandas contra sus propios países por no cumplir con la decisión.
El hecho de que la Corte emita una opinión es el último de una serie de victorias legales para las naciones insulares. A principios de este mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los países tienen el deber legal no solo de evitar el daño ambiental, sino también de proteger y restaurar los ecosistemas. El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que los países deben proteger mejor a su gente de las consecuencias del cambio climático.
En 2019, la Corte Suprema de Holanda otorgó la primera gran victoria legal para los activistas climáticos cuando los jueces dictaminaron que la protección contra los efectos potencialmente devastadores del cambio climático era un derecho humano y que el gobierno tiene el deber de proteger a sus ciudadanos.
Agencias AP, AFP y Reuters
