Los senadores de Unión por la Patria emitieron este miércoles un documento en el que advierten al Gobierno que no avalarán la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y alertaron sobre la «gravedad institucional» de designar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla «en comisión».
El documento lleva la firma de los 33 senadores del bloque que comanda José Mayans y se titula «No hay juez de la Corte sin acuerdo del Senado». La nota fue presentada durante la sesión informativa que se realizó en el Senado en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su informe de gestión y volvió a dejar abierta la posibilidad de que Javier Milei apele a un decreto si se traba la negociación por los dos candidatos del Gobierno.
En este sentido, los legisladores dejaron expresado en el acta que asumen «el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia ‘en comisión‘».
También apuntaron que no aceptarán que el Gobierno se ampare en el artículo 99 de la Constitución nacional que le permite al Ejecutivo designar a aquellos funcionarios que necesitan acuerdo del Congreso durante el período de receso. Precisaron que esa posibilidad sólo es aplicable para el caso de diplomáticos y militares.
El bloque que responde a Cristina Kirchner salió así a marcar posición en medio de los tironeos que existen con la Casa Rosada para cubrir las vacantes de Elena Inés Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, que el próximo mes llegara a la edad jubilatoria.
📃 • Las senadoras y los senadores de Unión por la Patria asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la CSJN “en comisión” pic.twitter.com/PRfowwqJeA
— Senadores de UxP (@Senadores_UxP) November 27, 2024
En el mensaje, los senadores de UxP remarcaron que la designación ‘en comisión’ de un juez o jueza del Tribunal Supremo «resulta manifiestamente inconstitucional y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país».
Por eso, los senadores de Unión por la Patria afirmaron en el documento que ante «la gravedad institucional» que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo se comprometen a iniciar «acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho».
Durante su presentación en la Cámara alta, Francos confirmó que el Gobierno estudia la situación generada por la postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, quienes ya pasaron las audiencias públicas pero no consiguieron el dictamen de la comisión de Acuerdos del Senado.
Para Francos hay antecedentes para justificar un nombramiento en comisión de los supremos, hasta tanto el Senado se exprese sobre los candidatos del Gobierno. Sin embargo, el funcionario no desestimó la posibilidad de que Milei proponga a una mujer para el máximo tribunal si se congelan las negociaciones.
Durante la sesión informativa, el presidente del bloque de UxP, José Mayans, aseguró que si el Gobierno avanza con la designación por decreto de los jueces de la Corte es un acto «nulo de nulidad absoluta». «Una persona que es designada por decreto, ¿qué garantía tiene de estabilidad o de independencia? Y si al presidente no le gusta se va, ya lo conocemos al Presidente, que quiere echar a la vicepresidenta, que ahora es casta», dijo.
Incluso, Mayans recordó en el recinto del Senado que durante la dictadura militar hubo jueces nombrados por decreto, profundizando así las tensiones con el oficialismo. Está claro que el kirchnerismo esperaba un gesto de la Casa Rosada luego de que se confirmaran los avales al pliego de Lijo.
El juez federal ya consiguió 9 firmas para su dictamen al contar con los apoyos del salteño Juan Carlos Romero, el libertario Ezequiel Atauche, la tucumana Beatriz Avila y el peronista anti K Carlos «Camau» Espínola. A ellos se agregan el radical Eduardo Vischi, el misionero Carlos Arce y los representantes de Unión por la Patria, Sergio Uñac, Claudia Abdala de Zamora y Lucía Corpacci.
El problema es que el Gobierno quiere que el Senado le de acuerdo a los dos candidatos. García-Mansilla podría tener las firmas para el dictamen si se alinean los senadores oficialistas y sus aliados, pero está en duda que pueda alcanzar los 48 votos en el recinto, porque el kirchnerismo presiona para que uno de los lugares sea ocupado por una mujer. El mismo reclamo se escucho de los bloques federales, provinciales y la UCR.
Lo único concreto hasta el momento es que en la comisión de Acuerdos del Senado, que preside Guadalupe Tagliaferri aún no se formalizaron los dictámenes y la discusión quedará para marzo a no ser que el Gobierno convoque a extraordinarias y lo incluya en el temario.
