El gran error político que cometió Javier Milei y por qué puso a Cristina contra las cuerdas

Javier Milei apenas había pasado los tres meses de gestión cuando el Gobierno, su Gobierno, sorprendió con un fuerte anuncio político/judicial. La Rosada ya tenía a sus dos candidatos para completar la Corte Suprema de Justicia, que venía funcionando con una silla menos desde octubre de 2021, cuando dejó su lugar Elena Highton de Nolasco; y que tendría otro cargo libre cuando se jubilara Juan Carlos Maqueda.

El detalle, no menor, es que todavía faltaban 10 meses para que Maqueda llegara a la edad límite para seguir ejerciendo en el máximo tribunal. Es decir, le avisaron con casi un año de anticipación que evitarían discutir una eventual prórroga y prescindirían de sus servicios. ¡Afuera!, como gustaban gritar en campaña los libertarios.

Si vale la zoo-metáfora, en el caso del juez despertaron (de mala manera) a un león dormido y le dieron la llave de la jaula. No sólo a él, sino a los otros dos colegas que venían conformando una mayoría sólida en la Corte: el presidente Horacio Rosatti y el vice Carlos Rosenkrantz. Al cuarto y minoritario elemento del cuerpo, el vocal Ricardo Lorenzetti, lo señalaron enseguida como ideólogo de la precoz jugada oficialista.

El dedo de Lorenzetti no sólo habría quedado marcado por el castigo a Maqueda (un ex aliado que luego se plegó a la dupla Rosatti – Rosenkrantz), sino por el reemplazo propuesto: el poderoso juez federal Ariel Lijo, vinculado a Lorenzetti en el manejo de Comodoro Py. Bingo. El otro postulante, el jurista Manuel García-Mansilla, era el candidato más puro del Gobierno.

Según admiten fuentes oficiales, Milei compró el combo porque venía con la promesa de «sale o sale». Se refieren a la supuesta certeza de que el Senado aprobaría con la mayoría requerida de dos tercios (48 legisladores si hay asistencia perfecta de 72) ambos pliegos. «En abril, se decía que Lijo tenía 62 votos», recuerda un funcionario que siguió el tema minuto a minuto.

Hoy, no sólo no están los 48 votos ni para Lijo ni para García-Mansilla. Tampoco hay pruebas de que el pliego de Lijo tenga ya las 9 firmas necesarias para pasar el filtro de comisión. «Más allá de los rumores, no conozco un periodista parlamentario que haya visto esas 9 firmas», asegura otra fuente.

El escenario hacia adelante es de total incertidumbre. Porque en paralelo que se inflaban y desinflaban las versiones de que estaban los votos en el Senado, crecían y se apagaban las que decían que el Presidente apelaría a un decreto para su nombramiento.

Pero lo interesante es analizar, hacia atrás, qué pasó en estos 10 meses de aviso a Maqueda y cía.

Las noticias más calientes vinculadas con la Corte refieren a un fallo para darle más poder al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en causas que tramiten en juzgados nacionales de CABA; y en particular en cuestiones administrativas para poder funcionar como una «Corte de 3».

El paso fundamental fue ratificar el método de selección de conjueces para que sean citados en caso de que los miembros actuales de la Corte no se pongan de acuerdo y no haya mayoría de tres. Al haber dos vacantes, ante cada causa, debe haber unanimidad de los integrantes titulares (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) para que haya decisión.

Parece difícil, aunque estos tres miembros firmaron juntos sentencias trascendentales que se aceleraron este año tras el fallido anuncio de marzo. Ejemplo: los fallos que enviaron a Cristina Kirchner a juicio oral por los casos Hotesur y Pacto con Irán, y la sobreseyeron en Dólar Futuro.

Justamente uno de los efectos del fallido anuncio de los pliegos fue que se aceleraron las decisiones sobre casos de alto impacto para la política, antes de una eventual renovación de la Corte y antes del año electoral. Fue lo que acordaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.

En ese contexto se entiende también la declaración de inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa (donde gobierno el peronista Gildo Insfrán desde 1995), la desestimación de recursos de Ricardo Echegaray, Julio De Vido, Carlos Zannini y Sergio Urribarri en causas por presunta corrupción; y las confirmaciones de las condenas del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos por la represión de fines de 2001.

En el campo económico/laboral, se establecieron límites a las «sobreindemnizaciones» por despidos, un reclamo de las empresas; y se volteó una tasa municipal en Bariloche que podría ser caso testigo para los distritos que quieran «inventar» impuestos sin contraprestación para mejorar su recaudación.

También en el rubro impositivo, pero con connotación política, se sancionó a empresas que no pagaban impuestos en la venta de los cigarrillos de Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero (bautizado como «El Señor del Tabaco»). Y se anuló una causa para entregarles a los mapuches 180 hectáreas que pertenecen al Ejército en la provincia de Río Negro.

«Si te fijás, todos fallos en línea con lo que pide el Gobierno. Contra la corrupción, contra Insfrán, contra los mapuches. Y lo más importante: la Corte rechazó los pedidos de los gobernadores para declarar inconstitucional el mega DNU con que arrancó Milei su presidencia», advierte un analista judicial. En su mirada, «la idea que le llevaron Lorenzetti y Santiago Caputo a Milei lo hicieron cometer un grave error político».

En cuanto al futuro de Cristina Kirchner, la Corte deberá resolver una cuestión clave: si confirma la condena a 6 años de prisión por corrupción en el caso Vialidad, que incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Una ratificación la dejaría fuera de carrera para buscar una banca. Pero los tiempos serían otros.

La Cámara de Casación debe resolver primero si acepta el recurso de apelación; si no lo hace, la defensa de la expresidenta o la fiscalía deberían ir en queja a la Corte; todo un proceso que, según uno de los magistrados involucrados, recién arrancaría a mitad de año y llevaría (mínimo) varios meses para resolver. Nada que vaya a resolverse a los apuros en un año electoral. Es decir, Cristina podrá ser candidata en la provincia de Buenos Aires si así lo dispone.

Todo lo que la Corte tenía previsto fallar sobre ella ya lo hizo en 2024. Ahora espera.