El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina trabaja para reunir todos los requisitos necesarios para firmar un acuerdo de aranceles preferenciales con Estados Unidos. En esa línea, el Ministerio de Economía resolvió una de las observaciones que el Departamento de Comercio de la administración Trump había realizado sobre las regulaciones a las importaciones de productos que buscan ingresar al país.
El Decreto 273, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, levantó las prohibiciones de importación de bienes usados y simplificó los trámites para su ingreso.
“Las empresas podrán importar maquinaria usada de forma automática, sin la necesidad de realizar un trámite”, destacó el comunicado de la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Lavigne.
De esta manera, las autoridades decidieron que ya no se requerirá el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para habilitar dichas operaciones, un requisito vigente desde 1994.
La misiva resumió los efectos de la nueva normativa: “Se eliminaron prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica”.
En una difusión abierta de la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal central fabril manifestó que el CIBU no era una barrera para evitar competencia externa y expresó que su derogación es un retroceso en las políticas de calidad y desincentivo a la modernización.
El secretario de Comercio, Esteban Marzorati, sostuvo que el régimen del CIBU y las ahora derogadas prohibiciones provocaron que “infinidad de sectores productivos se vieran impedidos de incorporar maquinaria y tecnología, lo cual los obligaba a comprar maquinaria nueva cuando no se contaba con el capital necesario para hacerlo”.
Esta interpretación de Marzorati completa el análisis microeconómico de la medida. Pero también existe una mirada macroeconómica, que está incluida en el decreto: “Las medidas adoptadas por el presente [decreto] permitirán profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación de la emergencia económica”, indicó el Gobierno.
Incluso, en los considerandos de la norma, el Ejecutivo reafirmó que “tiene en miras profundizar la libertad de mercados con el objeto de afianzar la estabilización de los precios y provocar la disminución de aquellos artificialmente elevados que provocan falta de competencia”.
Esta frase no sólo remite a la tarea de desinflación encarada por el Ministerio de Economía, sino también a las barreras al comercio exterior. Sobre este punto, el Gobierno comenzó a seguir una especie de hoja de ruta marcada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en su informe titulado “Barreras del Comercio Internacional”.
Allí, la administración Trump identificó impuestos, costos, burocracia, restricciones cambiarias y prohibiciones impuestas por la normativa argentina al ingreso de productos estadounidenses. En cuatro páginas se incluyeron 11 observaciones.
Uno de los puntos más relevantes señalaba directamente las prohibiciones de ingreso al país de ciertos productos estadounidenses, haciendo alusión a bienes de capital usados, como maquinaria agrícola, neumáticos y equipos médicos.
Esta semana, Milei aseguró que Argentina ya cumplió “15 de 16” requisitos para acelerar las negociaciones con Estados Unidos en pos de un acuerdo de aranceles preferenciales.
