El Gobierno redobla la apuesta y robustece el operativo policial frente al Congreso, en el marco de la nueva marcha en apoyo a jubilados prevista para este miércoles en el centro porteño por parte de barras, organizaciones sociales y gremios y sectores alineados con el kirchnerismo y la izquierda.
Con el foco puesto en la movilización, en Casa Rosada y con el asesor presidencial Santiago Caputo como anfitrión, se orquestó una reunión que tuvo como protagonistas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, el vocero Manuel Adorni, el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz.
Fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno no dará marcha atrás en su objetivo de ponerles límites a quienes intenten ejercer la violencia y ratificaron el cumplimiento del protocolo antipiquetes y señalaron que el despliegue “será similar al miércoles pasado”.
Intervendrán más de mil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero la principal diferencia del dispositivo constará en un control especial en las cabeceras del transporte público, con el objetivo de requisar a aquellas personas que lleguen a la Capital Federal con “elementos sospechosos”, que puedan servir para atacar al Palacio legislativo o al personal policial.
En ese sentido las imágenes que se viralizaron en las redes sociales de barras de Gimnasia y Esgrima de La Plata accediendo a la Ciudad en el tren Roca la semana pasada fueron un llamado de atención. “Vamos a ajustar todos los detalles que sean necesarios para aislar a los violentos”, dijeron en Balcarce 50.
En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad y a la ministra Bullrich e insistió con la idea de que “si hay una situación de uso de la violencia, se utilizará la represión de acuerdo a los cánones que se hace normalmente”. “No hay que tratarlos como carmelitas descalzas”, reafirmó.
A diferencia del miércoles pasado, en el Gobierno desestiman que esta vez vaya a haber una convergencia de barras organizadas y apuntan los cañones a los movimientos sociales, organizaciones piqueteras y los gremios que responden al kirchnerismo y a la izquierda. “Se van a cuidar de no exponerse, pero el objetivo sigue siendo el mismo, desestabilizar al Gobierno. Eso no cambia”, señalaron los alfiles libertarios, que monitorean cómo se promueven las convocatorias para este miércoles frente al Congreso.
En medio de un fuerte hermetismo, y como parte del plan de evitar filtraciones sobre el operativo, ninguno de los funcionarios presentes en la reunión habló con los periodistas acreditados en Casa Rosada y toda la comunicación se delegó en la figura de Patricia Bullrich, como señal de respaldo del Ejecutivo.
En el marco del proyecto antibarras presentado este lunes, la ministra dijo que no anticipará detalles del protocolo para evitar una mayor organización de los manifestantes: “No vamos a hablar del operativo porque es un tema que tiene que tener rigurosidad y no vamos a contar qué vamos a hacer, así no le decimos a los violentos cuáles van a ser las estrategias que el Estado nacional va a tener, lo que sí vamos a hacer es defender a la sociedad”.
“Esperemos que sea una marcha pacífica. Vamos a hacer todo para que los violentos no lleguen”, adelantó la funcionaria, que sigue trabajando en la idea de ofrecer recompensa a quienes denuncien a barras y violentos durante las protestas.