El Gobierno decidió dar a privados el negocio de los peajes en 9000 kilómetros de rutas del país. Para eso, anunció que lanzará licitaciones con el objetivo de que distintas empresas compitan y que gane el mejor postor. Pero puede haber un detalle importante en esta historia. “¿Querés quedarte con el peaje? Bueno, también terminá las obras públicas”, resumió una fuente oficial al tanto del proceso. Esto significa que el Ejecutivo evalúa pasar a manos privadas la ejecución de proyectos de infraestructura vial incompletos, que actualmente están a cargo de la empresa pública Corredores Viales.
Según el Mapa de Inversiones, que nuclea la información sobre obra pública, hay 46 proyectos pendientes de finalización a cargo de Corredores Viales distribuidos en distintas provincias. Para completar la totalidad de los montos comprometidos, según registros oficiales, habría que desembolsar $69.372 millones.
Se supone que esta cifra crecerá por las reactualizaciones de precios que las contratistas suelen reclamar cada vez que se producen atrasos. La diferencia con respecto a veces anteriores es que en esta oportunidad la negociación por la readecuación de los precios no sería entre un privado y el Estado, sino que podría desarrollarse entre dos empresas (la que eventualmente gane la licitación de la concesión y la constructora).
Corredores Viales tiene a cargo la concesión de 8470 kilómetros de ruta. Los fondos para financiar las obras a nombre de esta compañía provienen del Estado. Según cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso, recibió $22.533 millones para gastos corrientes que no cubren la ejecución de los trabajos licitados para la infraestructura vial.
Las licitaciones por la concesión de las rutas gestionadas por Corredores Viales, así como la que está a cargo de Caminos Río Uruguay (compañía privada que administra la principal ruta del Mercosur), comenzarán a ser publicadas a partir de diciembre, según fuentes oficiales. La Dirección Nacional de Vialidad trabaja en la elaboración de los pliegos y ya mantuvo al menos una reunión con una empresa interesada en una de las concesiones.
Dentro de la nómina de los proyectos que más financiamiento pendiente acumula, se encuentra la empresa Luis Losi. Es la contratista para el servicio de conservación y mantenimiento de parte de la Ruta Nacional N°11 en Santa Fe y de la rehabilitación de un tramo de una ruta en Chaco. En total, debería recibir unos $8077 millones. Es decir, una porción equivalente al 11% del total de dinero necesario para cubrir el 100% de financiamiento de las 46 obras.
En simultáneo, Luis Losi, junto a Rovella Carranza y JCR, expresaron interés en adquirir la concesión de la ruta actualmente a cargo de Caminos Río Uruguay, cuyo contrato vence en abril del año próximo. El consorcio de las tres empresas mencionadas presentó una propuesta ante el Ministerio de Economía, según confirmaron en un comunicado. En él, hablaron de un “estado de deterioro (de las rutas) que no permite que sea una plataforma eficiente para el desarrollo y el crecimiento de la región y el país”.
A propósito de la propuesta de Luis Losi, Rovella Carranza y JCR para quedarse con la concesión de la principal ruta de intercambio comercial entre la Argentina y Brasil, estimaron una inversión en costos de operación de alrededor de US$650 millones y otros US$300 millones para mantenimiento, durante 15 años de concesión. Un detalle sobre este consorcio de empresas. Las tres están vinculadas a la conocida causa Cuadernos.
De las 46 obras públicas que se evalúa pasar a manos privadas, 24 están en la provincia de Buenos Aires, 11 en Santa Fe, tres en Córdoba, otras tres en Santiago del Estero, dos en Chaco, una en Salta, una en Tucumán y la última en Misiones.
