El Gobierno tiene en carpeta modificar un aspecto clave de un decreto de 2024, para permitir que las prepagas diferencien los aumentos de cuotas según cada uno de los planes que comercialicen. Es decir, según afirmaron fuentes del área de Salud a LA NACION, se busca que las entidades de salud dejen de estar obligadas a aplicar el mismo porcentaje de subas a sus diferentes tipos de contratos.
Al tiempo que se conoce el proyecto -que se analiza desde hace semanas- y luego de reuniones en las cuales funcionarios del área de Salud les dijeron a directivos del sector que “esperan” que bajen los precios, hoy mismo, viernes 14, las prepagas pueden comenzar a comunicar a sus afiliados qué ocurrirá con las cuotas en marzo. Desde diciembre, las notificaciones de las alzas solo pueden ser enviadas dentro de los cinco días posteriores a la difusión del dato de inflación por parte del Indec.
La restricción que no permite diferenciar las subas fue establecida por la actual gestión a través del decreto 171 de febrero de 2024, reglamentario del decreto de necesidad y urgencia 70 de diciembre de 2023. Entre otras cuestiones, aquel DNU, que marcó el inicio del gobierno de Javier Milei, liberó los precios de la medicina privada, al derogar todos los artículos de las normativas referidas a la intervención del Estado para definir los porcentajes de las subas.
El artículo 17 del mencionado decreto reglamentario especifica que las entidades pueden “establecer libremente aumentos durante la vigencia del contrato”, pero que deben hacerlo respetando “la misma proporción para todos los afiliados de la entidad, tanto respecto del valor de cuota pura, como de los valores adicionales por preexistencia”. Es una limitación que había sorprendido a algunos referentes de la actividad.
Más allá de esa definición, algo establecido por la ley 26.682 de 2011 es que pueden fijarse precios iniciales de los planes que sean diferentes según las edades de los afiliados, pero no debe existir una brecha de más de tres veces entre el precio de la primera y el de la última franja etaria. Eso se mantendría.
Desde septiembre último, las entidades quedaron habilitadas a reajustar las cuotas de manera diferenciada, pero solo según dos variables, especificadas en la resolución 2155 de la Superintendencia de Servicios de Salud. Así, pueden diferenciarse las variaciones de cuotas, dentro de una misma prepaga, según se trate de un plan con o sin copagos (montos de dinero que paga el afiliado al asistir a una consulta o realizar una práctica médica), y según la región del país en la cual se da el servicio. De acuerdo con las autoridades, ahora se busca dar “un paso más” en el camino por el que había avanzado aquella normativa, y el objetivo es que haya más competencia en el mercado y mejores precios.
Los funcionarios consideran la diferenciación perjudica a los usuarios de planes más económicos, “que terminan financiando a los más caros”. Entre los argumentos para quitar la restricción dispuesta por el propio Poder Ejecutivo, consideran que “los planes tienen pirámides de costos bien diferentes” que serían mayores en los contratos más caros (el ritmo del encarecimiento, sin embargo, podría no ser siempre más alto en estos planes).
Hasta diciembre de 2023, mientras regía una fórmula que definía el porcentaje máximo de subas de cuotas, lo usual era que todos los contratos y todas las prepagas incrementaran los valores en igual porcentaje. Y eso tenía un motivo en la práctica: en el sector se advierte hace años sobre la existencia de un retraso en los precios y, en ese contexto, los índices topes para aumentar siempre resultaron insuficientes a los ojos de las entidades.
Ese retraso aún no fue resuelto, pese a la desregulación dispuesta por la actual gestión, cuyos efectos fueron interrumpidos durante varios meses en 2024 (hubo un período en el que el Gobierno dispuso cómo debían definirse las subas, en un conflicto que escaló y llegó a la Justicia, hasta que en julio volvió la liberación).
Según una estadística que llevan en el sector privado, entre diciembre de 2019 y ese mes de 2024, las cuotas subieron un 1939%, pero el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO) que deben dar las entidades avanzó bastante más, un 2692%, y la inflación general fue de 2611%. En tanto, los aranceles de los prestadores (sanatorios, clínicas, centros de diagnóstico, entre los cuales los hay de las propias prepagas y los hay independientes) se reajustaron bastante por debajo: en un 1663%.
A fines de enero, el Gobierno dispuso por decreto el fin de la triangulación de los aportes de los trabajadores dependientes y de monotributistas, para poder derivarlos al pago de una prepaga. Esa práctica fue algo muy común en las últimas tres décadas, ya que la desregulación del sector establecida a principios de los 90 no les permitía a las empresas privadas acceder de manera directa a los aportes y contribuciones. En rigor, el dinero de esa fuente sí podía destinarse a pagar un plan privado, pero solo si antes pasaba por una obra social que, a su vez, tenía un convenio con la prepaga y que en la mayoría de los casos no ofrecía servicios.
Según las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, esos contratos de intermediación implicaban últimamente un costo de $30.000 millones mensuales, que no se volcaban a prestaciones. En los últimos días, tras haber tomado la comentada decisión, los funcionarios se reunieron con directivos de las principales entidades, para expresarles que “esperan que bajen las cuotas”.
Más de un ejecutivo explicó que, en rigor, la medida en sí no genera una caída de los precios, “porque los costos siguen en alza y las cuotas, retrasadas”. Pero sí provoca, en todo caso, una reducción del importe a pagar todos los meses por muchos afiliados que, con dinero de su bolsillo, deben completar la diferencia entre el precio del plan y el monto de los aportes. Esto ocurrirá porque las entidades recibirán más dinero por esos aportes, ya que no estarán en el medio las comisiones cobradas por las obras sociales hasta ahora intermediarias.