El Ministerio de Justicia de la Nación, en conjunto con la Procuración del Tesoro, presentó este jueves una acción de habeas corpus preventivo ante la Justicia Federal en respuesta a la orden de captura internacional emitida por el régimen criminal de Nicolás Maduro contra el Presidente Javier Milei, otros altos funcionarios argentinos y dirigentes políticos. El reclamo de detención se excusa en la causa del avión venezolano-iraní que fue enviado a Estados Unidos por decisión de la Justicia argentina.
«Las acusaciones, basadas en falsedades y carentes de sustento, evidencian un intento de intimidación por parte de un sistema judicial sin independencia y al servicio de una dictadura», señalan desde el ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona.
El pedido logró eco. El juez federal Julián Ercolini dio lugar a la medida cautelar y ordenó diligencias a Cancillería y las cámaras del Poder Judicial, como así también notificó a la Corte Suprema.
Entre los apuntados por el régimen de Maduro están el presidente, Javier Milei; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como jueces y miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
«Este ataque arbitrario, motivado por razones exclusivamente políticas, constituye una amenaza directa a la libertad personal de los funcionarios argentinos, violando gravemente los derechos protegidos por la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que Argentina está suscripta», remarcan en Justicia.
Y concluyeron: «Desde este Gobierno, no permitiremos que ninguna dictadura extranjera atente contra la libertad de nuestros compatriotas. La protección de la libertad y los derechos de los argentinos es innegociable, y no cederemos ante presiones autoritarias».
Interpol no le dio vía al pedido del régimen chavista, pero el resguardo apunta a países que puedan tener convenios con el chavismo y en los que puedan transitar una veintena de funcionarios o políticos argentinos apuntados desde Venezuela.
En detalle, el Gobierno presentó el habeas corpus para proteger a 20 personas, entre ellas el diputado Ricardo López Murphy enemistado con el presidente Milei.
«En concreto, la orden de captura estaría dirigida contra el Presidente de la Nación argentina (Lic. Javier Milei); la Ministra de Seguridad de la Nación (Lic. Patricia Bullrich); la Secretaria General de la Presidencia (Lic. Karina Milei); miembros del Poder Judicial de la Nación (Federico Villena, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens); del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Carlos Stornelli, Diego Iglesias, José Luis Agüero Iturbe y Cecilia Incardona) y otros funcionarios públicos del Poder Legislativo Nacional (Ricardo López Murphy, Gerardo Milman), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Waldo Wolff y Yamil Santoro), y particulares (María Eugenia Talerico, Franco Rinaldi y Leonardo Camicher)», sostiene el escrito.
Video
Lo anunció el fiscal general de Venezuela por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires.
«Indudablemente la existencia de un pedido de captura contra los beneficiarios de esta acción constituye una amenaza ilegal de su derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 18 de la Constitución y en los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales de igual jerarquía», remarcan Cúneo Libarona y Barra.
Hasta el momento Interpol no hizo lugar a los pedidos del régimen chavista, pero Argentina no tiene información sobre si Venezuela envió oficios con pedidos de captura a países aliados y tampoco sabe cómo reaccionarían los otros países ante el pedido oficial de Venezuela.
Talerico, ex funcionaria de la UIF durante el macrismo, por caso, viajó a México y había inquietud sobre su devenir.
El avión venezolano-iraní por el que Maduro quiere la detención de Javier Milei
El caso por el que Venezuela pedió la detención de Milei se remonta a junio de 2022, bajo el gobierno de Alberto Fernández. Un Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur Cargo aterrizó en Buenos Aires para cargar combustible. Como la aeronave está sujeta al sistema de sanciones de los Estados Unidos por supuesto uso para actividades terroristas internacionales, ninguna petrolera accedió a suministrárselo.
El aparato pasó en Ezeiza más de un año y medio. Finalmente, a mediados de febrero de este año agentes de Estados Unidos se llevaron el avión a su país por una decisión que otorgó la Justicia argentina en la que nada tuvo que ver el actual Gobierno.
El decomiso obedecía a que se habría usado para actividades terroristas con las milicias iraníes, ya que el Boeing 747-300M había sido comprado por el régimen chavista en Venezuela a la empresa iraní Mahan Air, sospechada internacionalmente de ser ducto de grupos terroristas como la Guardia Revolucionaria iraní.
Tras el decomiso, el régimen chavista enumeró na serie de supuestos delitos y pidió la captura de 20 dirigentes argentinos por: «robo agravado», «intimación de capitales», «privación ilegítima de la libertad», «simulación de hecho punible», «interferencia ilícita», «inutilización de aeronave» y «asociación para delinquir».
El ataque judicial de Venezuela llegó después de que el juez federal Sebastián Ramos pidiera la detención de Nicolás Maduro, de su hombre fuerte en el régimen Diosdado Cabello y de otros funcionarios de ese país para ser indagados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos en Venezuela.
