Después de varios días de monitorear los avances del país en materia de legislación y procedimientos de seguridad operacional, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) le otorgó una prórroga de 60 días al Gobierno argentino y por el momento no bajará de categoría al sistema aeroportuario nacional.
Según pudo saber LA NACION, la delegación de la FAA esperará a diciembre próximo para dar su veredicto final respecto de los 82 hallazgos de seguridad operacional que encontraron durante una inspección realizada en abril pasado, pero el solo hecho de la postergación es una victoria para la secretaría de Transporte, la subsecretaría de Transporte Aéreo y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
“La FAA solo ha dado un período adicional de tiempo para cerrar sus actuaciones cuando la autoridad aeronáutica del país ha demostrado progreso en esos hallazgos, tiene un plan concreto para resolver esos hallazgos y es capaz de mostrar un progreso palpable a través de revisiones periódicas”, dijo una fuente del sector.
El lunes, con la llegada de la comitiva estadounidense, la ANAC emitió un comunicado según el cual todas las medidas que se habían tomado desde la intervención del organismo, en julio pasado, habían permitido llegar a un avance del 85% del plan de acciones correctivas establecido y todos esos cambios estaban en fase de implementación. Sin embargo, reconocían que existía la posibilidad real de perder la categoría para el sistema, pese a ese trabajo por el “mal manejo de años”, en referencia a gestiones anteriores.
“Esto implicaría un daño reputacional para la aviación argentina. Además, imposibilitaría la suma de destinos y frecuencias en vuelos hacia Estados Unidos. A su vez, no se podrían reemplazar los modelos de aeronaves con los que se vuela a ese territorio, ni establecer nuevos acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses, lo que impactaría directamente en la capacidad de colaboración entre compañías argentinas y norteamericanas”, dijeron.
Según el organismo a cargo de la interventora Julia Cordero, “las líneas aéreas argentinas estarían sujetas a un mayor escrutinio y controles adicionales por parte de las autoridades norteamericanas”, lo que podría aumentar los costos y ocasionar retrasos.
“De esta manera, las consecuencias de la pésima administración del organismo en gestiones pasadas impactarían negativamente en la reputación internacional de la aviación civil argentina, a pesar de las políticas de apertura aerocomercial que se vienen implementando con éxito desde la Secretaría de Transporte en busca de mayores libertades y desarrollo del sector aéreo”, agregaron.
La Argentina ya tuvo una baja de categoría en junio de 2002, cuando la FAA determinó que los aeropuertos no tenían una supervisión segura para las compañías aéreas que se ajustara a los parámetros fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Por lo tanto, decidió llevar al país a la categoría 2. Eso implicó que ciertas empresas no pudieran entrar a los Estados Unidos, con excepción de las que ya lo habían hecho y tenían derechos adquiridos.
La Argentina recién volvió a la categoría 1 en 2005, después de tres años. Se otorga cuando el país evaluado cuenta con las regulaciones necesarias para sostener la certificación y supervisión operativa de las aerolíneas, en concordancia con estándares internacionales de máxima de seguridad, en cuanto a mantenimiento, adiestramiento de personal y de tripulaciones aeronáuticas, así como su estado psicofísico e idoneidad. También indica que las autoridades aeronáuticas realizan vigilancia permanente sobre las operaciones aéreas.