Luego de decretar el fin de la triangulación entre prepagas y obras sociales, que se quedaban con un porcentaje de los aportes de los empleados, el Gobierno mantuvo en los últimos días reuniones con directivos de varias entidades de medicina prepaga y, con el objetivo de mantener la inflación mensual a raya, les dijo que espera que bajen el valor de las cuotas.
El superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, se reunió con representantes de las empresas Swiss Medical, Omint, Medifé, Medicus, Sancor Salud y las entidades Osde, Hospital Italiano, Hospital Británico y Hospital Alemán. A casi un año del fuerte enfrentamiento por el aumento de cuotas de inicios en 2024, el Gobierno volvió a recibir a Claudio Belocopitt, al titular de Swiss Medical, y por entonces presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que nuclea a la mayoría de las compañías de medicina privada.
La reacción fue dispar ante el pedido oficial de moderar o incluso bajar el valor de las cuotas mensuales. Mientras en el Gobierno expresaron su confianza, ya que percibieron que hubo “buen diálogo”, en el sector empresario hubo quienes prefirieron no hacer comentarios sobre el encuentro con el ministro de Salud y otros que indicaron que no saben si bajarán los valores de las cuotas, pero adelantaron que el viernes de la semana próxima será “el día D”.
¿Por qué? Porque, tras la resolución judicial que tuvo el conflicto del año pasado, las prepagas deben informar el valor de sus cuotas a la Superintendencia de Servicios de Salud y a sus clientes con un plazo de hasta cinco días posterior a la fecha de publicación de la inflación que mide el Indec. Ese dato de enero se dará a conocer el jueves 13 de febrero, razón por la que a partir de esa fecha empieza a correr el reloj para saber si el pedido del Gobierno de hoy a las empresas tuvo efecto.
El Ejecutivo considera que las prepagas tienen margen para bajar sus cuotas, como consecuencia del fin de la triangulación. Según sus números, el circuito de intermediación absorbía $3 billones al año, es decir, unos $252.000 millones mensuales. De ellos, $180.000 millones provienen de aportes, $30.000 millones estaban asociados a un porcentaje que las obras sociales les retenían a las prepagas por derivarles un cliente y la porción restante son subsidios erogados por Salud.
“Sin duda, esta modificación va a generar un impacto financiero positivo en las entidades de medicina prepaga”, resumieron en un despacho oficial. Evitaron mencionar un porcentaje en el que esperan que reduzcan las cuotas.
Del otro lado del mostrador no piensan lo mismo. En el sector de la salud privada reconocieron que, en algunos casos, los números van a mejorar, pero que en otros la situación puede ser distinta, ya que existen obras sociales que deben plata a prepagas por prestaciones con pagos retrasados.
Más allá de los cálculos que comenzaron a hacer en cada una de las prepagas para decidir si hacen o no lugar al pedido del Gobierno de bajar sus cuotas, lo que sí se registró es malestar. “Nos acusaron de cartelizarnos y ahora quieren que bajemos todas juntas”, lanzaron irónicamente en una de las firmas.
En medio de la puja, una observación técnica. El fin de la triangulación impacta en empleados en relación de dependencia y sus grupos familiares. Es decir, excluye a quienes pagan la cuota sin ninguna intermediación, ya que su situación laboral es diferente. Por ese motivo, una posibilidad que plantearon desde una de las entidades es, al menos, no aumentar.
Si bien las prepagas están obligadas a informar sus subas, tal cual estipuló el Gobierno en la Resolución 2155 de la Superintendencia de Servicios de Salud, no existe ninguna normativa vigente que regule sus precios. De hecho, con excepción a la medida dictada por el Ministerio de Economía que ocasionó que las empresas retrotrajeran sus aumentos de principios del año pasado, el DNU 70 le dio libertad a las compañías a fijar el valor de sus cuotas.
